Esta semana vuelve a la cámara el proyecto de Infraestructura Crítica, un proyecto que tiene su génesis en la sabia restricción impuesta al Estado de poder usar a las FFAA para fines distintos a los que se deben, o los que les están autorizados por la Constitución y las leyes de la República.
En el estallido social se afectó infraestructura crítica y la única forma de darles resguardo más allá del uso de Carabineros, que son un bien escaso, era a través del uso de las Fuerzas Armadas, pero ella requería de tener un estado de excepción constitucional aprobado o legalmente permitido.
Para el estallido social se uso el estado de excepción, pero solo el que puede aprobar el Presidente de la República sin tener que ir al congreso, lugar en donde el Presidente Piñera no tenía mayoría y por ende era poco probable que se le aprobara una extensión de haber sido necesaria.
La solución ideada por su gobierno fue una modificación constitucional que autoriza el uso de las fuerzas armadas para proteger lo que fuese crítico sin tener que aprobar o pedir un estado de excepción constitucional, algo que podrán sospechar puede llegar a ser peligroso.
Lo que se estaba pidiendo básicamente buscaba proteger lo que es importante para la vida humana en una ciudad de ataques de grupos asociados a los que promovían el estallido social, pero que con la baja de la temperatura que produjo el acuerdo de noviembre nacional de 2019, perdió importancia y que posteriormente la pandemia dejo durmiendo siesta, hasta que despertó con la situación de desorden en la macrozonas norte y la insurgencia en la macrozona sur cuando ya sea el gobierno de Boric o parlamentarios le volvieron a dar valor, valor que para ellos viene dado por el hecho de que no hay que ir a pedir permiso, todo eventualmente puede ser declarado crítico, y lo peor, deja a las instituciones de la defensa completamente en manos del gobierno de turno sin protección o límites constitucionales que resguarden a unos u otros de su mal uso, es decir, lo que sucede en países como China, Corea del Norte, Cuba o Venezuela.
Aparte de la libertad de empleo que esto da a los gobiernos en lo que a Fuerzas Armadas se refiere, la gran falencia que tiene el proyecto son las reglas de uso de la fuerza que una iniciativa de este tipo requiere, y el que el sistema judicial a ser usado en casos de uso de armamento en el cumplimiento de las tareas asignadas es la justicia civil y no la militar. De ser así, es poco probable que las FFAA quieran ser muy ajustadas en la realización de la protección de la infraestructura crítica si ello significa juicios como el de los infantes de marina de Cañete.
Por otro lado, y como pueden sospechar, esto es algo intensivo en mano de obra y las Fuerzas Armadas hoy por hoy no disponen de grandes contingentes, y menos entrenados en estas funciones, por lo que no se ve que de entrada pueda ser una medida muy efectiva si solo se aplica en algunos pocos lugares.
Por último, seguir metiendo a las instituciones de la Defensa Nacional en labores policiales lo único que trae como efecto es que se dejen de entrenar para lo que es su propósito, y eso no es ni mas ni menos, defender la soberanía, el territorio, los mares y cielos de Chile, y el interés nacional donde sea que este ubicado.
