Ad portas de investigación de la Contraloría por denuncias de intervencionismo del Gobierno a favor de la campaña del “Apruebo”, la ministra vocera, Camila Vallejo, afirmó este miércoles estar disponible para colaborar con la indagatoria que haga el órgano contralor y afirmando que el Ejecutivo está actuando con total transparencia al entregar las Constituciones oficiales para disipar los fake news.

“Me parece muy bien, la Contraloría tiene que hacer su trabajo, nosotros también tenemos un deber de empujar esta campaña porque no hay otra institución pública que se encargue específicamente de la información”, afirmó la secretaria de Estado al programa Tu Día de Canal 13.

En ese sentido, indicó que “estoy totalmente disponible a colaborar, sabemos que efectivamente hay denuncias de muchos ciudadanos, la oposición también ha querido presentar varias denuncias y el deber de la Contraloría, por cierto, es investigar”.

Vallejo dijo que “nosotros felices de garantizar que esto se aclare cuanto antes. Nosotros estamos actuando con total transparencia, nos han visto desplegándonos, entregando la Constitución completa, la oficial para que la gente la pueda leer y la gente lo agradece mucho ante tanta fake news y lo que corresponde es que nosotros colaboremos”.

Ante cómo observa la ciudadanía el ingreso de funcionarios de la Contraloría a La Moneda, la vocera de Palacio señaló que “habría que preguntarle a la ciudadanía, pero es lo que corresponde cuando hay denuncias y la Contraloría tiene que oficiar o tiene que iniciar investigaciones dependiendo de la magnitud y eso es una cuestión que es parte de las atribuciones y responsabilidad que tiene la Contraloría”.

“Creemos que es mucho mejor para disipar todas las dudas que haya. Hubo una notificación ayer y esperamos que hoy día nos entreguen todo el listado de cosas”, mencionó la ministra secretaria general de Gobierno.

Hay que consignar que la fiscalización de la Contraloría incluirá, en principio, el concepto creativo y la producción audiovisual de la campaña, como así también la transferencia de recursos a otros ministerios, en el marco de esta acción informativa que el Ejecutivo ha señalado como “un deber” de cara a la definición del proceso constitucional.