La Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas decidió dar la espalda a los parlamentarios Republicanos, ya que apoyó la postura de la defensa de la ministra del Interior, Izkia Siches, en orden a que la acusación constitución en su contra no cumple con los requisitos formales para su presentación.

Al inicio de la sesión, la abogada de la ministra, Elisa Walker, solicitó que se abordara la denominada “cuestión previa”. Esta medida impugna el cumplimiento de los requisitos que debió cumplir la presentación de la acusación constitucional impulsada desde la bancada de los Republicanos. Luego, expusieron su posición los cinco integrantes de la comisión y, tras ello, el punto se sometió a consideración de la Sala.

A favor de acoger la cuestión previa votaron 84 diputadas y diputados, mientras que 57 se expresaron en contra y dos se abstuvieron.

Como efecto de lo anterior, la acusación se entiende por no presentada para todos los efectos formales.

Argumentos de la defensa de Siches

Elisa Walker hizo una breve reseña de los siete capítulos del libelo. Luego, pasó a explicar cuáles son los requisitos que se deben cumplir y cómo esta acusación no los respeta.

“Toda acusación constitucional debe cumplir mínimos estándares argumentativos de lógica y de coherencia interna. Con toda responsabilidad puedo afirmar que esta acusación no cumple ninguna de esas exigencias”, remarcó en sus conclusiones.

Específicamente, apuntó a que esta herramienta debe ser un mecanismo excepcional o de “última ratio”, recordando que la norma constitucional especifica cuáles son los pasos a seguir en la materia y remarcó que ellos no se cumplen. Además, destacó que debe apuntarse a actuaciones graves que representen ilícitos constitucionales, hecho que no se cumple en este caso.

Sostuvo que una acusación constitucional no puede representar un juicio político o de mérito, afirmando que “gran parte de los reclamos son justamente un juicio de mérito o de oportunidad”, citando además el caso del retiro de las querellas, lo que calificó como una evidente decisión política, y la eventual demora en aplicar el estado de excepción constitucional en la macrozona sur. “Se critica la pertinencia del momento de tomar la decisión”.

Una tercera línea argumentativa es que se imputan actos de terceros y no propios, mencionando actuaciones efectuadas por el director nacional de Migraciones y otros hechos en que la ministra participó junto a otras autoridades. Igualmente a actos que fueron ratificados luego por otras instituciones, como la Contraloría.

Finalmente, entre otras consideraciones, afirmó que el documento carece de lógica argumentativa y de fundamentos, recalcando que hay acusaciones o imputaciones que no son apoyadas por pruebas, como lesionar el honor de la nación. “No hay un solo ejemplo que dé cuenta de este supuesto conflicto internacional, no se puede adivinar”, enfatizó.

Puntos de vistas

El presidente de la comisión, diputado Cristhian Moreira (UDI), revisó punto por punto los siete capítulos que componen el libelo, señalando que existen fundamentos suficientes para hacer efectiva la acusación, en particular, respecto a los capítulos 1, 2, 5, 6 y 7 que se refieren a comprometer gravemente la seguridad del país.

Repasó la violencia en La Araucanía, el retiro de querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado y la inmigración. En todos esos casos, sostuvo que la responsabilidad recae en la ministra Siches, como principal autoridad encargada de la seguridad y el orden del país. Lo mismo con el ingreso de inmigrantes ilegales, donde indicó que hubo un retraso en echar a andar la institucionalidad respectiva.

En el caso de los capítulos 3 y 4, relativos a comprometer gravemente el honor de la nación, dijo que no se configura la responsabilidad constitucional. La propia ministra ofreció disculpas rápidamente por el error en la entrega de información incorrecta a la Cámara. ​

María Candelaria Acevedo (PC) llamó a acoger la cuestión previa. A su juicio, no existen causales claras para acusarla y para fundamentar la acusación. “Hay un intento forzado de cuadrar ciertas situaciones; hay confusión de conceptos y es difícil comprender de qué se le acusa a la ministra”, planteó.

Agregó que no hay objetividad de hechos, se presentan situaciones catastróficas, en casos que ni siquiera han ocurrido o, en otros, donde abiertamente se han despejado las dudas nacidas de los acusadores.

El texto afecta el derecho de la ministra a defenderse porque no resulta comprensible de qué se le acusa. Además, dijo que acusar a la ministra parece “un show mediático” de los acusadores para hacer un punto político sobre las decisiones tomadas por el Gobierno.​

En tanto, el diputado Fernando Bórquez (UDI) efectuó una dura crítica a la ministra Siches, remarcando que en la secretaria de Estado se juntan tres características preocupantes para una ministra del Interior: falta de sentido común contundente, de humildad y de conocimiento para el cargo.

Sin embargo, defendió que la acusación constitucional es la herramienta de fiscalización más relevante que tiene el Congreso y no se puede “utilizar como instrumento político espurio”. Coincidió en que hay errores graves de la ministra, pero evaluó que, desde el punto de vista constitucional, no se alcanzan a configurar las causales invocadas por los acusadores.

El diputado Christian Matheson (IND) llamó a sus colegas a votar “en conciencia y sin ideologismos”. Asimismo, expresó que el libelo presentado manifiesta, principalmente, despreocupación, inactividad y decisiones desacertadas por parte de la ministra Siches.

Luego de describir las razones de los cinco capítulos de la acusación, añadió que la autoridad de Interior no ha estado a la altura del cargo. Así, por ejemplo, cuestionó la omisión de denuncia y querella contra Héctor Llaitul por sus declaraciones llamando a la resistencia armada.

Natalia Romero (IND) respaldó la cuestión previa y consideró que el libelo no logra fundamentar lo señalado por la acusación: “Estoy de acuerdo en parte, con el juicio político, pero no se ha infringido la Constitución”.

Criticó la crisis de seguridad y de orden público y la falta de soluciones de parte de Gobierno sobre ello, rechazando la normalización de la violencia y la criminalidad. Por ello, llamó a escuchar a las víctimas, entregar herramientas a Carabineros y usar instrumentos legales y constitucionales para cuidar a la gente. ​