Ante la gravedad del caso protagonizado por la ex candidata a los cargos de gobernadora y senadora, Karina Oliva, quien está siendo indagada por presuntas irregularidades en su rendición de cuentas ante el Servicio Electoral (Servel), el jefe y la subjefa de la Bancada de Diputados Republicanos, Cristóbal Urruticoechea y Chiara Barchiesi, presentaron una iniciativa que busca sancionar penalmente a las empresas o persona jurídicas sin fines de lucro que participen en financiamiento ilegal de la política.

Se trata de un proyecto de ley denominado “Karina Oliva”, que de ser aprobado, modificará la Ley Nº 20.393 y el Artículo 97 del Código Tributario, y que establece que aquellas entidades con o sin fines de lucro que emitan facturas o boletas con el propósito de obtener reembolso electoral por servicios que no prestaron, se exponen a la disolución de la fundación o empresa.  

En tanto, que sus directivos o administradores podrían ser sancionados con una multa que va desde las 50 hasta 1.000 UTM (Unidades Tributarias Mensuales), es decir entre $2,8  millones y 56 millones de pesos.

Lo anterior, sin perjuicio de otras sanciones que también establece el documento, como por ejemplo la prohibición de celebrar contratos con el Estado y pérdida de beneficios fiscales, u otras sanciones que ya están contempladas en la Ley Electoral.

“Las campañas son el puente, el medio para que los chilenos conozcan y elijan quién los representará como autoridad. El financiamiento de éstas debe ser totalmente transparente. Una parte importante  está financiada con fondos públicos, con impuestos de todos, por lo que con mayor razón se exige claridad en su rendición”, Urruticoechea.

En este sentido, el parlamentario recordó que “el Frente Amplio, que por años basó su discurso politizando las necesidades de las personas, diciendo que venían a democratizar la política, sólo la han vulgarizado con más, con un relato donde no existe claridad sobre el destino de algunos montos de dinero. Hoy tenemos un nuevo episodio con Karina Oliva, que ha dado declaraciones públicas, pero eso no basta, más aún cuando se sabe que hay más de un candidato involucrado”.  

“Este proyecto de ley, quiere terminar con este tipo de prácticas bajas, absurdas y sucias, que golpean a Chile, a sus arcas fiscales, quitándoles recursos que podrían ser utilizados con otros fines. No queremos que nadie siga ensuciando una labor que debe ser noble, honesta y social. Por y para los chilenos”, añadió.

Por su parte, Barchiesi dijo que “hemos visto públicamente cómo Karina Oliva admitió que recursos económicos asignados a su campaña política, fueron a parar al financiamiento de campañas de alcaldes e incluso diputados, amigos suyos, que hoy se encuentran en la Cámara Baja. Si bien ella ha deslizado responsabilidades de su jefa de campaña y aún no hay total claridad de los nombres, no podemos dejar pasar este tipo de irregularidades, y menos que sean desviados con otros temas”.

“El caso particular de las boletas de Oliva y su financiamiento irregular reflejan varias cosas con respecto a lo que estamos viviendo como país. Cosas como que nos prometieron una ‘generación nueva sin manchas en política’. El Frente Amplio nos prometió un Gobierno nuevo con una lista de supermercado de sueños y beneficios sociales. Nos prometieron una convención constituyente con la lista de deseos del Viejito Pascuero. Pero la realidad es otra. Nada de eso es verdad, y la realidad nos golpea en la cara y no podemos permitir que se vuelva a repetir. Karina Oliva y el Frente Amplio, mintieron a la cara a los chilenos, y dejaron en evidencia que aún existen personas malintencionadas, que ensucian la política y que sólo les interesa el poder”, finalizó.