Por 126 votos a favor, 7 en contra y 9 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó la solicitud del Gobierno para prorrogar el estado de estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío.
El texto, firmado por la entonces vicepresidenta de la República Izkia Siches, tiene su base en las normas constitucionales (art. 42). Ella mandata requerir el acuerdo del Congreso Nacional para la extensión de un EECE, una vez que este ya ha sido dictado vía decreto y prolongado una vez, por la misma vía.
En efecto, el Ejecutivo declaró el EECE para la citada zona el 16 de mayo de este año, a través del decreto 189. Luego, lo extendió por medio del decreto 199, del 27 de mayo, por otros 15 días.
Ahora, el trámite será revisado por el Senado a contar de las 16:00 horas.
Antes de la votación, la ministra del Interior, Izkia Siches, defendió que la medida se aplique solo en rutas y vías de la Macrozona Sur, explicando que “las cifras son elocuentes y quiero dar cuenta de que el instrumento que estamos utilizando es el que está dentro de la Constitución y si este es acotado o no, ese es un debate que es espurio. La discusión y la estrategia que hemos montado en torno a las rutas es algo que hemos construido en conjunto, tanto con Carabineros, la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas”, dijo.
“Nuestro balance es positivo, creemos que no hay que hacer grandes modificaciones, pero todos los jueves realizamos reuniones operativas para evaluar modificaciones en dónde están desplegadas las fuerzas. Las fuerzas que están hoy día desplegadas son las más grandes que se han hecho, mucho más de lo que estaba dentro del Estado de Excepción del gobierno anterior, porque entendemos que hay necesidad de proteger las rutas”, sostuvo.
Fundamentos del Gobierno
En sus consideraciones se observa que las rutas y vías de la zona afectada son objeto de hechos de violencia. Así, se reconoce que tales actos ponen en peligro la integridad física y la vida de trabajadores del área. Además, restringen el libre tránsito, alteran el orden público y obstaculizan las cadenas de suministros, aumentando el costo de vida en el sector.
Igualmente, se indica que los hechos de violencia dificultan el normal desarrollo de las actividades económicas y la vida cotidiana de las familias. Junto a ello, se impacta la ejecución de proyectos de desarrollo y el despliegue de las capacidades del sector público.
Según explicita el Ejecutivo, el EECE permite disponer de medidas destinadas a garantizar la seguridad de las rutas y vías. También propicia la coordinación interinstitucional entre las policías, las fuerzas armadas y el Gobierno. Ello, se argumenta, tiene positivos efectos en disuadir la ocurrencia de eventos violentos y desórdenes.
Sin embargo, se resalta que, pese a las acciones emprendidas, las circunstancias que motivaron la declaración del EECE continúan subsistiendo. En tal plano, se llama a aprobar su extensión para “facilitar la adopción de medidas de protección, siempre en el marco del respeto de los derechos humanos”.
