La Sala de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar en torno al proyecto que promueve que los partidos políticos renuncien expresamente al uso de la violencia, y que causó una fuerte discusión entre parlamentarios opositores por una parte con los de los partidos Comunista y Socialista más el Frente Amplio, que estaban en contra de la iniciativa.

La propuesta tuvo su origen en una moción que se basó en un texto anteriormente tramitado. Dicha iniciativa se rechazó en noviembre de 2020 por no alcanzar el quórum de aprobación de ley orgánica constitucional.

En la votación de hoy se obtuvo, justamente, el margen exigido, ratificándose la idea de legislar por 89 votos a favor, 43 en contra y 9 abstenciones.

Para sus fines, la norma modifica la ley orgánica constitucional de Partidos Políticos, tal cual lo consigna el informe de la Comisión de Gobierno. Es a esta misma instancia donde la iniciativa volverá para un segundo informe, tras ser objeto de indicaciones.

Dura discusión

El debate alcanzó ribetes de alta polarización, donde los dichos se emprendieron en tono de dura crítica a uno u otro sector.

Fue así que parlamentarios de RN, UDI, republicanos y Evópoli, llamaron a apoyar la propuesta, estimándola necesaria en un contexto de país que se visualiza con una preocupante escalada de violencia. Algunos fueron más allá y realizaron acusaciones directas hacia la vereda del frente. En tal plano recordaron que frases que se dijeron durante el estallido social, terminarían siendo sancionadas con una ley como la que se propone.

Por otra parte, diputados del PC, PS y Frente Amplio refutaron la iniciativa, considerándola inútil, redundante y promotora de un debate estéril. Además, algunas opiniones hicieron referencia a los vínculos de la derecha con la pasada dictadura y la violencia que en ese periodo se ejerció. Asimismo, se mencionó cómo las injusticias sociales promueven un ánimo adverso en la comunidad, que puede derivar en violencia.

Detalles del texto

La moción es firmada por los diputados UDI Jorge Alessandri, Sergio Bobadilla, Juan Antonio Coloma, Juan Fuenzalida, Cristián Labbé, Guillermo Ramírez y Renzo Trisotti. La suscribieron también los exdiputados Javier Macaya, Gustavo Sanhueza y Enrique van Rysselberghe.

La propuesta modifica dos secciones de la citada ley. Una de ellas es la que describe las características de los partidos políticos. Asimismo, habla sobre sus actividades propias y su ámbito de acción.

En este marco, una de las normas vigentes indica que estas entidades deberán contribuir al fortalecimiento de la democracia. De igual modo, apoyar el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados, vigentes en Chile y en las demás leyes.

El texto aprobado agrega la obligación de renunciar expresamente al uso de la violencia. Asimismo, a la propugnación o incitación a ella, en cualquiera de sus formas, como método de acción política. Junto a lo anterior, se insta a cumplir con el respeto de los principios básicos del régimen democrático y constitucional.

Luego, se explicita qué se entenderá por ejercer violencia. Ello apunta a acciones públicas o el uso de otros medios de difusión pública que inciten directamente a la violencia. Esta podrá ser en cualquiera de sus formas y en contra de una persona, un grupo de personas o de un miembro de tal grupo.

Para lo anterior se toma como referente el basarse en aspectos tales como etnia, nacionalidad, situación socioeconómica o idioma. También por ideologías, opiniones o afiliación política o deportiva, religión o creencia. Además, se incluye la visión filosófica, sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas; el trabajo que realiza una persona; su sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género; edad; filiación; apariencia personal; y enfermedad o discapacidad.

La segunda sección enmendada es la que regula la constitución de los partidos políticos. Aquí, la norma vigente obliga a crear una declaración de principios. Es en este contexto donde la modificación viene a agregar una nueva disposición. Ella exige condenar el uso, propugnación o incitación a la violencia en cualquiera de sus formas como método de acción política.