La encuesta Cadem reveló este lunes que un 86% de la ciudadanía estima que la delincuencia en el país ha aumentado en el último año y apuntan a una responsabilidad de los tribunales de justicia y la fiscalía de no estar funcionando como corresponde en la persecución de los delitos.
En ese sentido, el sondeo muestra que un 13% de los encuestados afirma que la situación con la delincuencia está igual y un 1% considera que ha disminuido.
Además, en cuanto a las razones por las que delincuencia habría aumentado en 2022 se mencionan a los tribunales de justicia y las fiscalías que no funcionan (25%), aumento de la inmigración (18%), Carabineros no tiene las atribuciones necesarias (16%), ya no se respeta a Carabineros como antes (13%), aumento de bandas narcotraficantes (12%) y aumento de la pobreza y necesidades de las personas post pandemia (8%).
Otro punto que aborda el estudio es que un 72% (-1pto) teme ser víctima de un delito, frente al 14% que está algo preocupado y un 14% que está poco o nada preocupado.
También se revela que un 88% (-5pts) piensa que la delincuencia es hoy más violenta que hace un año, un 11% (+5pts) cree que está igual y un 1% dice que es menos violenta.
La encuesta también desvela que un 49% está insatisfecho con la protección policial de su barrio, un 28% está más o menos satisfecho y un 23% está satisfecho. Los más disconformes son las mujeres (50%), los jóvenes entre 18 y 34 años (54%), los sectores medios (60%), los habitantes de Santiago (56%) y quienes se identifican con la izquierda (54%).
También se da cuenta que un 84% piensa que hay que darle mucha importancia a la violencia que se está registrando en el país, porque amenaza con destruir el orden institucional, frente a un 12% que cree que hay que darle importancia, pero sin exagerar.
Finalmente, sólo el 26% piensa que la violencia se justifica cuando se busca hacer cambios profundos en la sociedad, otro 26% cuando los pobres piden mejores condiciones de vida y 25% cuando se defiende el medioambiente.
En tanto, un mayoritario 87% está de acuerdo con que el Estado haga uso de la fuerza pública cuando se producen saqueos, 71% cuando se bloquean caminos o se levantas barricadas y 63% cuando estudiantes de colegios generan acciones de desorden y violencia.