La directiva de la Democracia Cristiana llegó la mañana de este jueves hasta La Moneda para sostener una reunión con la ministra del Interior, Izkia Siches, y entregarle un documento con sus propuestas de seguridad para el país.

“El mayor problema que tiene el país hoy día es, sin lugar a dudas, la seguridad. La violencia que vivimos en las calles, en el centro de las ciudades, que se vive en las poblaciones y territorios. El narcotráfico ha avanzado con fuerza, con armas, contratando niños y jóvenes para que les sirvan de soldados y microtraficantes. También, la violencia se ha apoderado de todo Chile”, dijo tras el encuentro el presidente del partido y el alcalde de La Granja, Felipe Delpin, quien llegó hasta el Palacio Presidencial acompañado por la vicepresidenta nacional del partido, Francisca Hernández; la secretaria general Cecilia Valdés; y el alcalde de de San Ramón, Gustavo Toro.

Preocupados por la violencia generalizada que vive nuestro país Como @PDC_Chile hemos presentado al @GobiernodeChile y a Ministra @izkia una propuesta para la seguridad de tod@s. pic.twitter.com/6QsF1Or94y

— Felipe Delpin (@FelipeDelpin) May 19, 2022

Las propuestas de la DC

El documento, titulado “Propuestas de la Democracia Cristiana para enfrentar la criminalidad y la violencia”, consta de nueve puntos:

1. Acuerdo Nacional para un plan de reformas y la vigencia del derecho a la seguridad

“Se propone que el gobierno, encabezado por el Presidente de la República, convoque a un proceso de diálogo con representantes del parlamento, partidos políticos, instituciones del ámbito de seguridad y justicia y expertos, para abordar una agenda de cambios profundos en la institucionalidad ligada a la persecución penal y el trabajo policial”.

“De esta instancia, deben surgir acuerdos en materias de: reforma policial, fortalecimiento del Ministerio Público, inteligencia contra el crimen organizado y modernización de la legislación ligada a seguridad y justicia”.

2. Creación de brigada especializada contra el crimen organizado

“Se propone radicar en la Policía de Investigaciones de Chile una fuerza de tarea que reúna a funcionarios de la PDI y Carabineros de Chile que tengan una trayectoria de especialización en la investigación criminal”.

“Una ley especial debe definir y regular las funciones y el ámbito de actuación de esta brigada, dicho cuerpo legal debe asignar los recursos necesarios para su funcionamiento y dotar a esta brigada de independencia respecto de la estructura regular de cada cuerpo policial. La labor de esta brigada debe ser supervisada por una mesa de trabajo compartida con representantes del Poder Judicial, la Fiscalía Nacional y el Ministerio de Interior y Seguridad Pública”.

3. Reforma al Ministerio Público y disminución de la impunidad delictual

“Se propone una reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, orientada a regular la supervisión administrativa por parte de la Contraloría, a precisar las necesarias coordinaciones que debe sostener con otros órganos del estado; principalmente, Poder Judicial y Ministerio de Interior y Seguridad Pública y, dar cuenta de metas de gestión, frente al Congreso Nacional”.

“Junto a lo anterior, es necesario dar un nuevo impulso al proceso de Fortalecimiento del Ministerio Público, ello significa la incorporación de más fiscales y profesionales de apoyo a la labor que realiza la institución. Este Plan requiere la asignación de mayores recursos en el Presupuesto Nacional, la acumulación de causas sin resolver y las necesidades de intensificar la labor investigativa, evitando el alto porcentaje de causas que quedan en Archivo Provisional, hacen urgente asignar recursos y exigir metas de gestión (supervisadas por el Congreso Nacional) a una institución clave en nuestro sistema de justicia criminal”.

4. Un país que protege a sus niños y jóvenes

“Los problemas de delincuencia, violencia y consumo de drogas tienen su origen en problemas sociales, son una deuda pendiente de nuestro modelo de desarrollo. Los 792 mil niños, niñas y adolescentes que viven en condición de pobreza, los más de 350 mil excluidos del sistema escolar (UNICEF 2018), los 500 mil “Ninis” que no estudian ni trabajan (OCDE 2017) y que tienen entre 15 y 29 años, constituyen un desafío urgente”.

5. Descentralización y gobernanza de la seguridad

“Se propone que, en el marco de un Acuerdo Nacional, se avance hacia un aumento sustantivo de recursos, los que deben ir destinados prioritariamente hacia nuevas funciones policiales y dotar a los gobiernos regionales y municipios de estructuras básicas de prevención del delito y la violencia”.

6. Castigo efectivo a los delitos de “cuello y corbata”

“Se requiere una actuación decidida del estado que debe, al menos contemplar: a) el fortalecimiento del Servicio Nacional de Consumidor para una fiscalización y defensa efectiva de la población; b) Revisión de la legislación vigente, para garantizar penas efectivas de cárcel a los involucrados en estos delitos y procesos judiciales ágiles para la compensación oportuna a los consumidores”.

7. Violencia, delito y justicia en la Macro Zona Sur

“Respaldaremos como partido los esfuerzos que impulse el Gobierno para fortalecer las políticas de restitución de tierras y los esfuerzos de inversión en regiones con altos niveles de pobreza”.

“Para quienes están involucrados en actos delictuales y de violencia no cabe más que la aplicación de la ley y una labor efectiva de persecución penal. Valoramos el nombramiento de una fiscal con dedicación preferente en la zona, esperamos que esto ayude a mostrar efectividad en una zona que acumula impunidad para muchos responsables de estos actos”.

“Estas políticas deben contar con acuerdos amplios que incluyan a todos los sectores de la vida nacional, sin embargo, la efectividad de las medidas depende, en buena medida, de la
inclusión de los liderazgos regionales y locales. La planificación, coordinación y monitoreo de las iniciativas debe hacerse con los gobernadores regionales, alcaldes y representantes de la comunidad organizada, especialmente quienes son los protagonistas de estas iniciativas, el Pueblo Mapuche con disposición a dialogar”.

8. Control de armas

“Es urgente realizar un sistema de etiquetado de municiones y su registro nacional. Aumentar penas por contrabando de armas y detectar las organizaciones y mercados criminales relacionados, por ejemplo, con corrupción de instituciones del Estado. Toda arma tiene una ruta que se debe detectar. Aumentar penas por armas de alto calibre, modificadas y con accesorios como silenciadores, miras láser, sistemas de municiones extras, etc.”.

“Se debe insistir en una campaña de desarme nacional. Tener un arma en el hogar aumenta la probabilidad de ser victimizado por otra arma de fuego. Por tanto, aumentar los requisitos para la adquisición de estas y generar conciencia de los peligros en el hogar”.

“Se debe identificar con investigación criminal a quienes manufacturen armas (Armeros) o quienes transporten sus partes desde el extranjero, por ejemplo, Estados Unidos”.

9. Fuerte inversión en tecnología con propósitos disuasivos e investigativos

“Es innegable la importancia actual de cámaras, drones o sistemas de información cruzados entre diversas instituciones. Es necesario invertir en estos dispositivos para un trabajo más efectivo de las policías y la labor preventiva de municipios, junto a ello, es necesario desarrollar la infraestructura tecnológica adecuada para posibilitar un monitoreo centralizado en cada región de las condiciones del espacio público. De ser necesario se debe legislar para dotar de atribuciones a las policías y fiscalías, para que, en casos de investigaciones criminales y emergencias, tengan acceso en línea a las imágenes que captan las cámaras de instituciones privadas de todo tipo”.