Los diputados de Renovación Nacional Sofía Cid y José Miguel Castro, junto a su par de la UDI, Renzo Trisotti, llegaron esta mañana hasta la Contraloría General de la República para solicitar su pronunciamiento respecto al Decreto 177 el cual, según los congresistas, no sólo fomenta el turismo laboral, sino que también en la interpretación de su articulado podría facilitar el tráfico de niños.
En este sentido, los parlamentarios argumentaron que la propia ley de Ley de Migración y Extranjería (Nº21.325) establece las restricciones respecto de los permisos de permanencia transitoria, y que por lo mismo, las excepciones contenidas en ésta apuntan a razones “especialísimas” que confirman esa regla y, por lo tanto, no se puede cambiar la calidad migratoria de “transitoria” a “residencia”.
En esta línea, el diputado por Antofagasta José Miguel Castro, explicó que “en Chile, las personas que ingresen como turistas no pueden tramitar visas para residir desde nuestro territorio, sino que deben hacerlo desde las respectivas instituciones regladas para tal efecto desde el país de origen. Los casos especiales están estipulados en la ley (…) pero la ley siempre incentivará la migración regular”.
También, los parlamentarios de oposición realizaron un cuestionamiento al artículo 45 del referido decreto N°177 -publicado el 14 de mayo en el Diario Oficial- que desarrolla el alcance del permiso humanitario a niños, niñas y adolescentes. Respecto a dicha norma, los parlamentarios ya habían solicitado el pronunciamiento de la Defensoría de la Niñez, mediante oficio, ya que consideran que el decreto excede el marco legal y podría “suponer un llamado al ingreso irregular acompañado de niños, niñas y adolescentes como fórmula para obtener la residencia. Lo que a su paso podría facilitar el tráfico de menores” según dijeron.
Por otra parte, insistieron que la norma -otra vez- “echaría por tierra” los largos debates legislativos respecto al tema de la migración, como precisó Castro y lo que habría motivado su visita hasta el órgano contralor.
En esta línea, la Diputada Sofía Cid, señaló que “le estamos pidiendo al contralor que deje claro que la Ley que se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado es una ley que prohíbe el turismo laboral, es decir, que la gente que entra a nuestro país como turista sale como turista. Si alguien quiere venir a trabajar, tiene que hacerlo de forma legal y como corresponde, y existen los instrumentos para hacerlo también están especificados en la Ley. Sin embargo, el reglamento que ingresó el Presidente Gabriel Boric hace poco, va en la línea de cambiar todo lo que aprobamos en el Congreso, por amplia mayoría y grandes acuerdos”.
Además la diputada por la Región de Atacama agregó que “las regiones del norte estamos viviendo en carne propia lo que es la llegada de inmigrantes en forma ilegal y la verdad es que también nos preocupa la forma precaria en la que ellos están viviendo en nuestro país, por eso necesitamos que esta Ley que aprobamos en el Congreso se cumpla como corresponde”.
Por su parte, el parlamentario por la Región de Tarapacá, Renzo Trisotti, señaló que “el Gobierno -de una manera mañosa, antojadiza e ideológica- pretende cambiar lo que estableció el Congreso Nacional en materia migratoria”.
En este sentido, dijo que “al parecer estos cambios que establecen que se vuelva a instaurar el turismo laboral, echan por la borda esfuerzos de años en materia legislativa por tratar de tener una migración que sea más regular, ordenada y segura. Con los cambios realizados, una excepción puede ser puede llegar a ser de carácter general, donde cualquier persona que ingresa como turista pueda cambiar dentro de nuestro territorio su calidad migratoria y se pueda terminar quedando (…) Con esto se volvería a instaurar los miles de turistas que llegaron de Haití, República Dominicana y Venezuela, esto es una grave señal en minutos críticos y delicados en materia migratoria en todo el Norte del país”.
En su presentación a la Contraloría, los parlamentarios solicitaron igualmente que se deje sin efecto la circular del Servicio de Migraciones que regulariza turistas sin ningún límite de tiempo, y echa por tierra la voluntad del Parlamento de establecer mínimas excepciones a la solicitud de visa fuera de territorio chileno, piedra angular de la política migratoria.
Finalmente, el diputado Castro, reiteró su preocupación sobre la situación de Antofagasta y el norte del país “está desbordado(…) Este Gobierno está empecinado en que esto aumente. Me parece insólito lo que estamos viviendo en el norte, donde aparecen rucas literalmente arriba de los árboles. Ese es el grado de migración ilegal que estamos viviendo y no conforme con ello este cambio que se ha hecho también podría involucrar tráfico de menores”.
