SII desmiente a gobernador del Biobío y afirma que no ha dejado de fiscalizar ilícitos por robo de madera en la macrozona sur

“El flagelo consiste básicamente en la comercialización de madera de origen ilegal, supuestamente extraída desde predios inexistentes, y en la emisión de las respectivas facturas falsas, dado que el objetivo final de este esquema fraudulento desde el punto de vista tributario sería la evasión del IVA y del Impuesto a la Renta, así como la obtención indebida de la devolución del IVA a las exportaciones”, señala el organismo tributario.

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El Servicio de Impuestos Internos (SII) desmintió al gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, quien acusó una eventual falta de fiscalización por parte de la entidad tributaria para prevenir y perseguir delitos relacionados al robo de madera en la macrozona sur.

La autoridad regional apuntó a que el SII desde 2018 “dejó de seguir la ruta del dinero”, afirmando que “me parece absolutamente irracional” y añadiendo en declaraciones a Tolerancia Cero que la no fiscalización “no es una decisión del grupo de Impuestos Internos de la región del Biobío. Creo que fue una decisión política en su tiempo”.

Sin embargo, el propio SII salió a responder las imputaciones de Díaz, descartando que se haya dejado de efectuar labores de fiscalización de actividades ilícitas que estén vinculadas a la producción y comercialización de madera en la zona.

A través de un comunicado, el organismo que encabeza Hernán Frigolett, precisa que “el flagelo consiste básicamente en la comercialización de madera de origen ilegal, supuestamente extraída desde predios inexistentes, y en la emisión de las respectivas facturas falsas, dado que el objetivo final de este esquema fraudulento desde el punto de vista tributario sería la evasión del IVA y del Impuesto a la Renta, así como la obtención indebida de la devolución del IVA a las exportaciones”.

Además, señala que se ha estado trabajando decididamente en el desarrollo de diversas estrategias para hacer frente al fenómeno, especialmente en el Biobío, “tanto desde el punto de vista de la fiscalización como de la persecución penal de los delitos tributarios, que son cometidos por verdaderas mafias organizadas”.

En cuanto a la estrategia de fiscalización del robo de madera, el SII explica que para verificar la correcta declaración y pago del IVA relacionado con contribuyentes con actividades en el rubro forestal, “se realizan, por ejemplo, procedimientos con apoyo técnico del Departamento de Avaluaciones para la revisión de imágenes satelitales de geolocalización”.

Explica que lo anterior “ha permitido identificar predios forestales -individualizados con sus roles – indicados en los documentos tributarios (guías de despacho y facturas) como origen de la madera que nunca habían sido explotados o que se explotaron en volúmenes muy inferiores a los documentados; otros explotados, pero en una fecha distinta, y casos de guías de despacho y facturas que indicaban como origen de la madera inmuebles que no correspondían a predios agrícolas”.

Además, se revisan los registros contables de las empresas, para establecer la emisión, registro y declaración de las facturas; las guías de despacho en que las facturas se fundan, de manera de obtener los roles de avalúo de los predios desde los que mayor cantidad de madera supuestamente se compra; verificar la existencia de dichos predios y la factibilidad de obtener el tipo de madera y las cantidades registradas en las guías; es decir, la verificación de la trazabilidad de la madera comprada y comprobación de sus proveedores”, menciona el organismo.

Otro aspecto que resalta el SII es que se han suscrito convenios de intercambio de información con entidades forestales con requisitos y obligaciones adicionales para las guías de despacho y facturas emitidas que hagan contribuyentes que realicen labores forestales.

El SII también señala que hasta la fecha se han presentado 16 querellas por delitos tributarios que están vinculadas a la producción y comercialización de madera, cuyo perjuicio fiscal es superior a los $5.600 millones, siendo la última acción judicial la realizada el 30 de marzo pasado en el Juzgado de Garantía de Cañete.

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