A raíz de la querella criminal que anunció el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en contra de Carabineros en el marco de los desórdenes públicos ocurridos en octubre de 2019, el jefe de la Bancada UDI, Jorge Alessandri, y el diputado Cristián Labbé, anunciaron que presentarán un proyecto de ley para establecer que los ataques y agresiones a los funcionarios policiales también sean consideradas como violaciones a los derechos humanos.
Al respecto, los parlamentarios gremialistas aseguraron que existen una serie de argumentos jurídicos para fundar dicha iniciativa -como la propia Constitución Política, el Informe Rettig y un análisis de la Biblioteca del Congreso Nacional-, donde se ha establecido que las violaciones a los DD.HH. no sólo pueden ser cometidas por agentes del Estado, sino que también por personas o grupos particulares que actúen por motivaciones políticas.
“La actual Constitución Política, que sigue vigente aunque muchos la desconozcan, establece en su artículo 9 que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los DD.HH. Mientras que el Informe Rettig, definió claramente que también son responsables de violaciones a los DD.HH. los particulares que actúan bajo pretextos políticos, que es justamente lo que ha estado ocurrido a partir de las protestas de 2019 y desde hace décadas en la Macrozona Sur”, señalaron los parlamentarios.
Por lo mismo, Alessandri y Labbé precisaron que “decidimos presentar este proyecto de ley porque estamos absolutamente seguros de que las agresiones y ataques a los funcionarios policiales -e incluso los homicidios- sí constituyen violaciones a sus derechos humanos, sobre todo cuando detrás de estos actos subyacen motivaciones políticas, como lo hemos visto en el último tiempo”.
En ese sentido, hicieron referencia a un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, que señala que el Estado “podría ser responsable por los efectos de la conducta de particulares”, por lo que insistieron en que “existen suficientes antecedentes para establecer que los funcionarios policiales, por más que sean agentes del Estado, también pueden ser víctimas de violaciones a sus DD.HH”.
