Por: Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU
La inflación es un hecho. Hace años que no veíamos acercarse el alza de precios a los dos dígitos, algo que probablemente se alcanzará en la próxima entrega del IPC. En este contexto, el precio de los alimentos ha sido uno de los más afectados, observándose importantes incrementos en el pan, los huevos, la leche, el café, la carne, y obviamente, el aceite.
Sin embargo, llama poderosamente nuestra atención que, mientras la división de alimentos y bebidas de la canasta del IPC, registró un alza de 3,9% en marzo, el precio de alguno productos, como el aceite de girasol, haya experimentado incrementos de 90% o más, pasando a costar un litro, de en promedio $2.000, a superar los $4.000. No lo sé Rick, parece falso.
Sabemos que existen diversos factores económicos que intervienen en estas alzas, como la oferta y demanda de granos, la invasión a Ucrania, el alto precio de los combustibles fósiles, el alza del dólar, los retiros del 10%, etc. No obstante, a nuestro juicio, estas variables no serían suficientes para justificar un alza de 100% o hasta 200% en el precio del aceite.
Ahora bien, frente a esta situación, ODECU requiere que se investigue, por parte de los organismos pertinentes, si es que tras este particular comportamiento de precios, pudiese existir algún tipo de práctica oportunista por parte de proveedores que disfrazan comportamientos anticompetitivos en el contexto de alzas.
Consideramos que existe una necesidad de monitoreo de precios e información al consumidor para garantizar una mayor transparencia del mercado, y esta manera, señalar a los consumidores las oportunidades para sacar mejor provecho a su presupuesto familiar.
Asimismo, requerimos que se realice una vigilancia activa de comportamientos emergentes detectados en algunas empresas y sus marcas para degradar inadvertidamente la calidad de bienes y servicios ya contratados bajo ciertas condiciones (también conocido como “skimflation”); o prácticas de reducción inadvertidas del contenido de productos que mantienen sus envases (también conocidos como “shrinkflation” o reduflación). Dicho en forma sencilla, para no seguir subiendo los precios, comienzan a reducir el tamaño de los productos.
Por último, ODECU ha solicitado, tanto a la FNE, como al SERNAC y al Ministerio de Economía, que dentro de sus competencias faciliten el acceso de consumidores a bienes y servicios básicos, como los alimentos que más alzas han experimentado en este periodo, para así evitar el surgimiento de estrategias de sobrevivencias, tales como el comercio informal o el comercio ilegal, con la evidente degradación en la protección a sus derechos básicos.
En definitiva, podemos entender que la inflación está elevando los precios, pero no debemos permitir que este fenómeno inflacionario se utilice como pantalla para esconder prácticas anticompetitivas, acaparatorias, e incluso, colusivas, siendo un deber del Estado que esto no suceda.
