sábado, abril 20, 2024

Justicia británica envió al gobierno orden de extradición a EEUU de Julian Assange, fundador de WikiLeaks

La ministra del Interior británica tendrá un plazo de dos meses prorrogable para decidir si confirma o desestima la entrega, mientras que la defensa del australiano ya ha indicado que la rebatirá dentro del periodo de cuatro semanas previsto, que acaba el 18 de mayo.

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El juez de la Corte de Magistrados de Westminster, Paul Goldspring, remitió este miércoles a la ministra británica del Interior, Priti Patel, para que firme la orden de extradición a Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para ser juzgado por espionaje por la publicación de cientos de miles de documentos secretos a partir de 2010.

La secretaria de Estado tendrá un plazo de dos meses prorrogable para decidir si confirma o desestima la entrega, mientras que la defensa del australiano ya ha indicado que la rebatirá dentro del periodo de cuatro semanas previsto, que acaba el 18 de mayo.

De acuerdo a la ley, la titular de Interior solo puede ejercer su prerrogativa de prohibirla en casos específicos amparados por la Ley de Extradición de 2003 y siempre conforme a los acuerdos con el país demandante, en este caso EEUU.

La eventual decisión de Patel podrá ser recurrida por las partes -la Justicia estadounidense o Assange- pero solo si el Tribunal Superior lo autoriza.

Assange estuvo presente este miércoles en la corte a través de videoconferencia desde la prisión de alta seguridad de Belmarsh (Londres). El periodista, que debió confirmar su identidad, permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el proceso.

El pasado 14 de marzo, el Tribunal Supremo, el más alto del Reino Unido, dio luz verde a la extradición de Assange al rechazar un recurso suyo que buscaba impedirla e instruyó a Vanesa Baraitser, la jueza de primera instancia, a emitir la orden que ahora debe sancionar el Gobierno.

Ese fallo puso fin a un proceso judicial que arrancó el 21 de enero de 2021, cuando la jueza Vanesa Baraitser, de primera instancia, denegó la entrega del acusado al considerar que presentaba riesgo de suicidio y que las condiciones penitenciarias en EEUU podían exacerbarlo.

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