La Corte Internacional de Justicia (CIJ) fijó para las dos primeras semanas de abril próximo las audiencias públicas del juicio entre Chile y Bolivia por las aguas del Silala, en el Palacio de la Paz de La Haya, en Países bajos.
Las vistas del caso «Disputa sobre el estatus y uso de las aguas del Silala (Chile versus Bolivia)», a realizarse entre el viernes 1 y el jueves 14 de abril, «se dedicarán a (evaluar) los méritos del caso, incluidas las contrademandas ingresadas por Bolivia» en agosto del 2018.
Debido a la situación de pandemia, «las audiencias se realizarán en un formato híbrido: algunos miembros de la Corte asistirán a las vistas orales en persona en el Gran Salón de la Justicia, mientras que otros participarán de forma remota», explicó la CIJ en su comunicado publicado este miércoles.
A su vez, los representantes de ambas partes del caso, así como los expertos convocados por Chile y Bolivia, podrán participar presencial o telemáticamente.
Cabe recordar que, a causa de la rápida expansión del pandemia de Covid-19, el juicio se aplazó en abril del 2020 sin fecha estimada en aquel momento para su realización.
La disputa
La contienda se inició en la segunda mitad de la década de 1990 con denuncias desde medios boliviano acerca de que Chile hacía uso de aguas que habían sido canalizadas ilegalmente.
El asunto fue escalando progresivamente, con intentos de arreglo que casi fructifican en el primer gobierno de Michelle Bachelet, hasta que nuestro país decidió llevar el asunto al Tribunal de La Haya en 2016, denunciando a Bolivia para impedir que el país vecino detuviera el flujo de este cauce de agua hacia su frontera, y solicitando a la CIJ declarar que el reparto del recurso natural debe hacerse «de forma equitativa y razonable».
Las contrademandas ingresadas por La Paz en 2018 plantean que las aguas del Silala fueron canalizadas hacia la frontera debido a unas obras hechas por una empresa chilena de ferrocarriles en la década de 1920, versión que Chile rechaza.
Según el estado chileno, las aguas fluyen hacia el territorio de forma natural por la pendiente del terreno, y las citadas obras se hicieron con permiso del gobierno boliviano para evitar la contaminación del Silala.
La disputa dio un vuelco en febrero de 2020, cuando la Cancillería del gobierno boliviano interino de Jeanine Áñez aseguró que durante la fase escrita del proceso, el Ejecutivo de Morales indicó que «una parte de las aguas del Silala fluyen de manera natural hacia Chile y constituyen un curso de agua internacional», lo cual reforzó significativamente la posición chilena.
