Ante el 7° Juzgado de Garantía fue presentada una ampliación de la querella actualmente en tramitación contra el ex general director de Carabineros, Mario Rozas, y el ex Presidente Sebastián Piñera, por el delito de permisividad frente a la tortura tras el estallido social de octubre de 2019.
La ampliación de la acción judicial es en contra del actual general director de la policía uniformada, Ricardo Yáñez, y el fundamento son declaraciones hechas por Rozas, quien en otra causa similar que se sigue por los crímenes cometidos durante el estallido, señaló que todas las acciones de orden público eran ejecutadas a través del Director de Orden y Seguridad (Dioscar en la jerga policíaca).
Según el abogado Luis Mariano Rendón, el Dioscar durante el estallido era precisamente el general Yáñez, por tanto, “debió haber sido él quien en primer término ordenase hacer cesar las mutilaciones oculares provocadas por el uso de la escopeta antidisturbios”.
El jurista explicó que “si él no lo hacía la responsabilidad pasaba a Rozas y en último término a Piñera, como responsable constitucional de todo lo referente al orden público en el territorio de la República”.
El abogado de DDHH dijo que «esta ampliación de la querella permite dirigir la investigación explícitamente contra Yáñez, aunque me imagino que la fiscal Chong, quien tiene conocimiento formal desde hace algunas semanas de las declaraciones de Rozas, al quedar la causa donde fueron emitidas también bajo su conocimiento, ya debe haber resuelto alguna diligencia para indagarlo”.
Rendón concluyó diciendo que con todos estos antecedentes públicos sobre la mesa, le resulta inexplicable que el Presidente Gabriel Boric no haya hecho uso de sus facultades constitucionales para destituir al general Yáñez.
«Resulta casi una provocación que lleguemos a otro 29 de marzo, fecha en que se conmemoran terribles crímenes de Carabineros en dictadura, con un evidente responsable de violaciones a los DDHH aún al mando de dicha institución. Su remoción es un acto de prudencia básica, porque entre otras cosas, desde su cargo puede entorpecer las investigaciones que lo involucran. Mantenerlo en el cargo es una señal nefasta de continuismo e impunidad, que impide cualquier tipo de normalización de la relación entre la policía y la sociedad a la que debiese servir”, señaló.
