Bruselas presenta el martes a los Veintisiete soluciones para amortiguar el impacto del alza de los precios de la energía y diversificar el suministro de gas a la UE, antes de una cumbre en la que se espera que los estados miembros se comprometan a «romper» la dependencia de los hidrocarburos rusos, informa esta mañana Le Figaro.
La situación que se vive en Europa reinstala la inconveniencia estratégica que significa depender de suministros como el gas que provienen de países potencialmente enemigos, como ocurre con el caso de Chile con Argentina con justamente el gas o la idea de conectar la distribución eléctrica con Perú ambos potenciales países expansionistas con Chile y que no respetan los tratado vigentes.
La Comisión Europea quiere en particular establecer un nivel medio de almacenamiento de al menos el 80% a finales de septiembre para preparar al continente para afrontar el próximo invierno, con objetivos vinculantes para cada país, según un proyecto visto por AFP.
Europa tiene «soluciones para independizarse del gas ruso», dijo este martes el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, y agregó que le gustaría «acelerarlas» para poder «asumir el desafío del invierno 2022-2023».
Tras confirmar que los precios del gas estarían «congelados» hasta finales de 2022 para los consumidores en Francia, el ministro habló durante un viaje a Normandía sobre una serie de soluciones europeas para hacer frente al «choque del gas» vinculado al conflicto ruso. sus consecuencias en la economía del continente.
“La independencia no es para nada igual en todos los estados europeos, Francia es un 20% dependiente para su suministro de gas ruso, la media europea es un 40%, Alemania es un 55%, y algunos estados son totalmente dependientes (…), por ejemplo Finlandia, es el 100% del gas que viene de Rusia”, recordó el ministro galo.
En el futuro inmediato, Bruselas quiere moderar el impacto en las facturas de hogares y empresas ampliando la “caja de herramientas” desvelada en otoño: una panoplia de medidas (ayudas directas, reducciones de impuestos, supresión del IVA, etc.) que los Estados pueden adoptar ante la crisis energética.
Más allá de las ya relajadas condiciones para las ayudas públicas, la Comisión permitirá a los Estados gravar los beneficios de las empresas energéticas generados por el repunte de los precios para redistribuirlos pero con la condición de «no generar una distorsión innecesaria del mercado».
