El Gobierno sigue de vacaciones, pero la crisis migratoria continúa en el norte del país junto al alza de la delincuencia, y se agudiza especialmente por el asesinato de un camionero a manos de tres ciudadanos venezolanos ilegales en Antofagasta. Ahora, en la ciudad se ha producido una indignación de tal grado que camioneros han bloqueado los accesos en distintas rutas e incluso se está llamando a un paro nacional.

Hay que recordar que en la tarde del jueves, un conductor falleció tras ser agredido y lanzado desde un paso sobrenivel en la ruta que une Mejillones con Antofagasta, cuando el chofer los increpó luego que le lanzaran piedras a su vehículo.

Este hecho de sangre que se registra en el norte del país ha agudizado el malestar de la ciudadanía al verse involucrados inmigrantes ilegales, ya que sus colegas de labores bloquearon el tránsito en la Ruta 1, pero las manifestaciones se extendieron a otras zonas del país como la Ruta 5.

También se registraron manifestaciones en La Serena y el acceso sur de Arica, en medio de un llamado a un paro nacional para exigir al Gobierno más seguridad en las carreteras.

La situación es tan caótica en el norte del país, que la Dirección General de Aeronáutica Civil informó que a raíz de los cortes de caminos a los aeropuertos de Iquique y Antofagasta, se han reprogramado y/o cancelaciones de vuelos.

Por su parte, el delegado presidencial de Antofagasta, Daniel Agusto, criticó a sectores de la oposición que “rechazaron cuando el Gobierno comenzó con las expulsiones. Esperamos que hoy estén a la altura y que más que la crítica, intentar que se aplique la nueva ley de inmigración. Hay que sacar de este país a todos aquellos que delinquen”.

Además, el delegado también anunció que durante la mañana se realizará una nueva reunión con distintos gremios para buscar soluciones a la problemática que afecta a la macrozona norte.

En tanto, el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, responsabilizó al Gobierno del aumento de la violencia y delincuencia en la ciudad, ya que “tenemos un desgobierno que no da garantías de un proceso regularizado de migración”.