El Presidente Sebastián Piñera firmó este martes en La Moneda el proyecto de ley que supone un avance importante en el reconocimiento y efectivo ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad pues modifica las reglas de capacidad jurídica actualmente vigentes en Chile, las que por largos años han permitido que en nuestro país la discapacidad haya sido considerada como incapacidad y, por ende, haya implicado privación o restricción en el ejercicio de derechos.

El texto legal crea un estatuto de facilitadores y asistentes como figuras de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica; establece un nuevo procedimiento de interdicción aplicable sólo a las personas con diagnóstico médico de demencia y modifica el Código Civil definiendo qué debe entenderse por demencia y eliminando de la categoría de “incapaces absolutos” a las personas sordas.

Al respecto, el Mandatario señaló que «hoy damos un nuevo paso adelante en esta causa con la presentación de este proyecto de ley que reconoce la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual, física o sensorial. De esta forma, ellos podrán ejercer sus derechos civiles y políticos, como el derecho a voto, el derecho a disponer de su patrimonio y el derecho a decidir la persona con quién contraer matrimonio«.

En este contexto recordó que «aunque parezca increíble, el actual Código Civil establece que “son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente”, impidiendo de esta forma que personas con alguna discapacidad mental o sensorial, tales como el Síndrome de Down, el autismo o discapacidad auditiva, puedan ejercer sus libertades y derechos. Esto significa considerarlos jurídicamente como absolutamente incapaces, lo que implica que sus actos no producen efecto alguno».

El proyecto restringe el concepto de demencia únicamente a las personas con trastornos de la razón, medicamente diagnosticados y que tengan carácter de severos y permanentes, determinado en un proceso judicial. Además, elimina de la lista de personas incapaces a los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente, pasando a ser personas con plena capacidad jurídica.

Sobre la propuesta de las figuras del Facilitador y del Asistente, el primero apoyará en la realización de actos jurídicos para resguardar sus derechos; el segundo, le facilita su comunicación con terceros cuando sea necesario. De esta forma se pasa, según explica el proyecto, de un sistema de Sustitución de la Voluntad a un sistema de Apoyo a la Voluntad.

El Jefe de Estado acotó que con esta iniciativa legal se «sientan las bases para un nuevo trato, más justo y más digno, a las personas con discapacidad intelectual, física o sensorial, y además da cumplimiento a la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” adoptada en 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas y ratificada por Chile el año 2008″.

En la actividad participaron también los ministros de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, y de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, el Director Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), Francisco Subercaseaux, junto a parlamentarios e invitados especiales.