Hoy, la migración es un fenómeno habitual y, pese a la existencia de detractores, es un derecho humano. A lo largo de todo el mundo hemos podido observar zonas de conflicto económico, político, social y cultural. Estos factores han provocado que las personas busquen mejores condiciones de vida para ellos y sus hijos, abandonando su país de origen y dirigiéndose a lugares vecinos para asentarse.
Sobre todo, desde el inicio de la crisis sanitaria hemos visto una masiva llegada de inmigrantes a Chile, haciendo ingreso por pasos fronterizos no habilitados como, por ejemplo, lo ocurrido en la comuna de Colchane. Esto se ha hecho bajo condiciones de extrema vulnerabilidad y precariedad que afectan en especial a los niños, niñas y adolescentes (NNA).
Si bien es cierto que la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establece la primacía de los derechos del niño en el contexto de la migración, y le da la obligación a los distintos Estados de implementar medidas integrales y que consideren la protección de niños, niñas y adolescentes migrantes. Existen ocasiones donde esto no se respeta, es una tendencia ver a ciudadanos venezolanos, haitianos, cubanos, colombianos, etc, viviendo en condiciones precarias, en piezas arrendadas y durmiendo con sus familias completas dentro de una misma habitación, lo cual a su vez trae problemas de salud e inseguridad.
Según la última Encuesta Casen, realizada en julio de 2021, si para el año 2017, un 10,9% de la comunidad extranjera residente en Chile estaba en situación de pobreza, esto se incrementó a un 17% en el año 2020. Y con respecto a los niños, niñas y adolescentes el 22% de ellos está bajo la línea de la pobreza.
Por otro lado, los NNA tienden a iniciar el proceso migratorio antes de cambiar de país, esto debido a la partida de uno o ambos padres, quienes generalmente viajan en búsqueda de trabajo y mejores condiciones de vida. Esta separación tiende a generar un alejamiento emocional entre los hijos con sus padres, siendo difícil, en varios casos, adaptarse al país de llegada.
“Hoy, nuestra legislación establece una protección para los niños, niñas y adolescentes, no importando de la forma en la que hayan entrado a Chile, regular o irregular, porque al ser menores de edad se les protege su condición de menores, ya que es entendido que ellos dependen de lo que sus padres toman como decisión. Pero en Chile esto no está ocurriendo del todo, por las precarias condiciones en las que viven estos NNA, vulnerando así, los acuerdos internacionales. Por lo tanto, lo que se espera que suceda cuando entre a regir la nueva Ley de Migración es que la política migratoria que se dicte establezca una forma prioritaria con relación a la protección de los menores para que no se produzcan irregularidades dentro del país”, comenta María Soledad Torres, directora de Legal Global Chile .
En abril de 2018 el Gobierno de Chile anunció una nueva ley de migración para enfrentar el considerable aumento de la inmigración ilegal, donde se hace mención a la situación de niños, niñas y adolescentes migrantes, en la cual se menciona que “el Estado adoptará todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales necesarias para asegurar el pleno ejercicio y goce de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, consagrados en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, desde su ingreso al país y cualquiera sea la situación migratoria de sus padres o de los adultos que los tengan a su cuidado”.
