El Gobierno buscaba revertir la orden de no innovar decretada por la Corte de Apelaciones de Copiapó sobre el proceso de licitación del litio a través de un recurso de reposición, pero el tribunal de alzada dijo otra cosa y le dio un nuevo golpe al Ejecutivo que deberá esperar lo que dice el tribunal respecto del fondo de las acciones legales que detuvieron el concurso público.

Hay que consignar que el mismo tribunal acogió el pasado 14 de enero dos recursos de protección presentados por la Comunidad Indígena Colla Pai Ote y por el gobernador de Atacama, Miguel Varas, lo cual se hizo previo a la adjudicación de dos de las cinco cuotas que se ofrecían de explotación del litio que dio a conocer el Ministerio de Minería.

Como el tribunal dictó en esa oportunidad la orden de no innovar y se paralizó el proceso, el Gobierno presentó un recurso de reposición en el que se señala que no existen fundamentos sobre la ilegalidad del proceso de licitación, por lo que “resulta improcedente e impropio formular cuestionamientos basados en sensaciones o sentires que se alejan de la realidad”.

Incluso en la acción legal se indica que “mantener la suspensión en los términos que fuera decretada pueda asentar un peligroso precedente que pondrá en riesgo otras licitaciones”.

Sin embargo, la Primera Sala de la corte de alzada, integrada por su presidenta Marcela Ruth Araya, el fiscal judicial Carlos Meneses Coloma y el abogado integrante James Richards Garay, respondió con un fuerte y categórico “no ha lugar a la reposición, sin perjuicio de lo que se resuelva en su oportunidad acerca del fondo de asunto”.