La Bancada de Diputados del PPD presentó durante este martes un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en el cual solicitan que se decrete orden de no innovar a fin de suspender provisoriamente el proceso de licitación del litio, a diez días de que se cierre el proceso de adjudicación de este importante mineral.
«Queremos repudiar con fuerza y categóricamente el proceso de licitación y explotación del litio en nuestro país que está llevando adelante a última hora, entre gallos y medianoche, el Presidente Sebastián Piñera y el Ministro Jobet. Creemos que es legítimo lo que ha planteado el Presidente electo Gabriel Boric y su equipo, en el entendido de que esas decisiones debiesen tomarse en el futuro gobierno. Son decisiones estratégicas muy importantes para el futuro del país, en medio de un proceso de cambio institucional, y en medio de un proceso de cambio constitucional, donde se va a fijar un nuevo modelo económico para nuestro país, y nuevas reglas respecto a la explotación de nuestros recursos naturales«, afirmó el jefe de Bancada del PPD, Raúl Soto.
El parlamentario agregó que «por eso hemos ingresado este recurso de protección para frenar esta adjudicación, argumentando que es vulneratoria de derechos fundamentales, al ponerse en riesgo el interés general de la nación, y privilegiar los negocios e intereses privados por sobre el interés de todos los chilenos y chilenas de contar con seguridad y bajo la administración estatal, con un recurso tan estratégico e importante para el futuro de Chile. Además, se afecta el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación a propósito del daño medioambiental y ecosistémico que se podría producir; y se vulnera la exigencia de una consulta indígena previa en el entendido en que en la zona en que habría explotación conviven pueblos originarios«.
Por su parte, la diputada PPD, Cristina Girardi, sostuvo que «el litio es un recurso natural estratégico para Chile y existe un grupo de empresarios que quiere aprovechar hasta el último minuto para apropiarse de este recurso tan relevante, tan importante y robarle este recurso a los chilenos. Efectivamente acá no solo se transgreden derechos fundamentales, sino que tiene que quedar explicito frente al país que esto es un robo. Se están robando uno de los recursos más estratégico del país. El litio y el agua serán efectivamente los elementos de sustentabilidad y de posibilidad de supervivencia y son los dos recursos que hoy en día quieren estar en manos de pequeños grupos de empresarios«.
En tanto, el diputado independiente, Ricardo Celis, afirmó que «para la explotación del litio se requiere un uso de agua importante, por lo tanto son dos bienes públicos estratégicos que están en cuestión, el agua y el litio en sí, y esto se está haciendo en áreas de influencia de comunidades indígenas, por lo tanto, es imprescindible que para que se continúe con este proceso se haga una consulta indígena para licitar un bien estratégico como es el litio«.
En la misma línea, la diputada PPD Carolina Marzán indicó que «el Decreto 169 establece la obligatoriedad de hacer una consulta indígena en todos los aspectos de aquellos actos administrativos que intervengan con los pueblos originarios. Lo que quiere hacer el actual gobierno de Piñera es absolutamente atentatorio, y no solamente lo estamos viendo en esto, sino que también en otros proyectos donde se obvia la consulta indígena poniendo el pie encima a todos los pueblos originarios de nuestra nación. Hasta cuándo nos siguen vendiendo y robando. Estamos estrujando el país hasta las últimas consecuencias, hasta el último minuto. Tenemos que decir basta, y espero que este recurso que estamos presentando avance por buena línea, y se unan las demás comunidades y diputados y diputadas para aprobar este rechazo profundo de esta acción del gobierno«.
Finalmente, el diputado y vicepresidente de la Cámara, Rodrigo González, sostuvo que “el Gobierno de Sebastián Piñera carece absolutamente de legitimidad para hacer una licitación del litio, no solo por su desastrosa gestión de los recursos públicos y del país durante su mandato, sino porque el litio y otros recursos naturales son propiedad soberana del pueblo de Chile, y porque la participación ciudadana debe ser parte esencial de actos tan fundamentales como el que se está ejecutando entre gallos y medianoche, para probablemente, como ha ocurrido en otras situaciones como fue el caso de las AFP, beneficiar a grandes grupos económicos chilenos o incluso extranjeros. Además de los argumentos, carencia de legalidad y vulneración de derechos y garantías fundamentales de los pueblos indígenas, de la protección del medioambiente que hemos establecido en este recurso, el tema de la legitimidad para tomar este tipo de decisión es esencial en momentos que se está trabajando en la redacción de una nueva Constitución”.
El recurso de protección fue firmado por los parlamentarios Raúl Soto, Carolina Marzán, Tucapel Jiménez, Cristina Girardi, Tucapel Jiménez, Andrea Parra, y Rodrigo González, y los independientes René Alinco y Ricardo Celis.
