Municipio de La Cisterna giró 501 órdenes de compra por más de $100 millones a sociedad familiar vinculada a concejal PPD y consejero regional de Comunes

Entre febrero de 2008 y diciembre de 2020, Repuestos Cañas Limitada obtuvo $106.961.847 pesos como proveedor de servicios a diversas oficinas del municipio metropolitano.

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La ley N° 19.886, sobre Contratos Administrativos por Prestación de Servicios, promulgada el 11 de junio del año 2003, dispuso que los contratos que celebre la Administración del Estado, incluidos los municipios, se ajustaran a las normas y principios de dicho cuerpo legal y de su reglamentación; previniendo que la Administración adjudicacontratos mediante “licitación pública, licitación privada o contratación directa”.

Esta última modalidad, de acuerdo a dicha ley procede, excepcionalmente, cuando por medio de una licitación, pública o privada, no se logra realizar un proceso de compra o bien, cuando no se pudo adquirir por convenio marco. Por lo que es necesario que su justificación conste en un acto administrativo fundado.

De esta manera, el municipio de La Cisterna, se valió en muchos casos de compras directas para adquirir, desde febrero de 2008 a diciembre de 2020, todo tipo de repuestos, mantenciones y mecánica en general para su flota de autos, camionetas y camiones municipales, beneficiando durante 12 años a un proveedor en particular.

Durante ese período, la municipalidad de La Cisterna, que era administrada por el militante PPD y ex alcalde de la comuna, Santiago Rebolledo Pizarro, giró 501 órdenes de compra a través de distintas unidades y departamentos. Lo que significó el pago de 106 millones 961 mil 847 pesos a la sociedad de “Repuestos Cañas Limitada”.

Al consultar el Registro de Comercio de Santiago, se reveló que esta sociedad fue constituida por escritura pública el 23 de marzo del año 2004 e inscrita a fojas 10.340 Nº 7.878. Entre las personas que componían la sociedad y tenía derechos sobre ella, aparece el actual Consejero Regional de La Cisterna y militante del partido Comunes, Paulo César Cañas Campillay.

De profesión ingeniero, Cañas no es un desconocido en los intrincados laberintos políticos. Fue Director Regional Metropolitano del IND, Jefe Nacional del Departamento de Fomento del Ministerio de Minería y SEREMI de Minería en el segundo Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Proviene de una familia que, además de la sociedad de repuestos, tiene fuertes vínculos al interior de la municipalidad de La Cisterna, pues Paulo Cañas Campillay cuenta con el apoyo incondicional de su primo, el concejal PPD Marcelo Luna Campillay.

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Este último ha jugado un rol estelar en La Cisterna, pues es un reconocido operador político de la zona sur. Luna  fue el brazo derecho del ex edil Santiago Rebolledo y hombre de confianza del diputado PPD, Tucapel Jiménez Fuentes. Actualmente, su muñeca política o el reconocido carácter camaleónico, según lo describen al interior del propio municipio de La Cisterna, lo habría convertido en el principal consejero e “influenciador” del actual alcalde, Joel Olmos Espinoza. Eso justificaría la fuerte campaña política, en horario laboral, que hizo el alcalde en favor de Paulo Cañas Campillay. Actualmente, tanto Cañas como Olmos Espinoza, mantienen denuncias en el SERVEL y la Contraloría General de la República, por intervencionismo electoral.

Pero, ¿cuánto provecho pudo sacar la trenza política compuesta por “los primos” Paulo Cañas y Marcelo Luna?

Al interior del municipio denuncian que podría haberse visto beneficiada durante todos estos años con las más de 500 órdenes de compra giradas en repuestos, que terminó costándole a las arcas municipales de La Cisterna más de 100 millones de pesos, pagados con fondos públicos y que fueron a dar, directamente, a una sociedad familiar vinculada a autoridades políticas de dicha comuna.

La sociedad política y familiar de Cañas y Luna

Desde febrero del año 2008 y durante todo ese año, la municipalidad de La Cisterna, giró 28 órdenes de compra a la sociedad de Repuestos Cañas Limitada, adjudicándole 2 millones 736.571 pesos. Cabe consignar que en esa época Paulo Cañas Campillay era parte de dicha sociedad y el actual concejal, Marcelo Luna Campillay, figuraba en el equipo territorial del diputado Tucapel Jiménez Fuentes.

Entre los años 2009 y 2010, la municipalidad de La Cisterna pagó 6 millones 398 mil pesos, con un total de 63 órdenes de compra. Curiosamente y previo a la campaña municipal, el 2011 y 2012 respectivamente, los montos pagados a Repuestos Cañas Limitada se triplicaron. Si el año 2010 el municipio compró 4,5 millones de pesos en repuestos, al año siguiente, a través de 101 órdenes de compra, se adjudicaron 11 millones de pesos y el año 2012, trece millones de pesos,a través de 93 órdenes.

Ese año 2012, Marcelo Luna Campillay fue electo concejal de la comuna de La Cisterna con 1.366 votos, correspondientes al 4,54 % del electorado local y en su primera votación como autoridad comunal, luego de jurar como concejal, el día 6 de diciembre de ese año 2012, aprobó el presupuesto municipal correspondiente al año 2013. Luna Campillay abrió una caja de pandora con insospechadas consecuencias hasta el día de hoy, pues con ese voto benefició, directamente, a su primo Paulo Cesar Cañas Campillay, socio de Repuestos Cañas Limitada y su familia, los que desde el día 15 de enero del 2013 comenzaron a recibir órdenes de compra que sumaron durante ese año un total de 54 y le significaron a la sociedad de repuestos un negocio por más de 16 millones de pesos.

El 25 de noviembre de ese año 2013, Paulo Cañas Campillay se desprendió del 0,5 % de sus derechos sociales en favor de Julia Campillay Henríquez. Unos meses más tarde, el 8 de enero del año 2014, por escritura pública de fecha 24 de diciembre de 2013, Paulo Cañas Campillay, Claudia Cañas Campillay, Julia Campillay Henríquez, José Cañas Lagos y Victoria Cañas Campillay, todos domiciliados en calle Paz número 8037 de La Cisterna, modificaron la sociedad “Repuestos Cañas Limitada”. Paulo y su hermana Claudia Cañas Campillay cedieron el 0,5 % de sus derechos a José Cañas Lagos, en tanto que Julia Campillay Henríquez cedió la totalidad de sus derechos a Alejandra Cañas Campillay. Mientras eso ocurría al interior del clan, Cañas Campillay, en la municipalidad de La Cisterna y través de 29 órdenes de compra se pagaban 12 millones 303 mil pesos a la sociedad familiar del concejal Marcelo Luna.

El 2015, se cursaron 28 órdenes de compra que significaron un pago total de 7 millones 700 mil pesos.

El 2016 con una nueva elección municipal de por medio, el municipio aumentó nuevamente los montos pagados a Repuestos Cañas Limitada. A través de 30 órdenes de compra se cancelaron más de 9 millones de pesos. Ese año Marcelo Luna Campillay repostuló al cargo de concejal obteniendo 1.108 votos siendo electo concejal por un nuevo período. Con Marcelo Luna dentro del municipio de La Cisterna, era el turno de su primo. Eso ocurrió al año siguiente.

En 2017 Paulo Cesar Cañas Campillay se presenta como candidato a Consejero Regional de La Cisterna, de la mano de su primo Marcelo Luna, quien ofició de jefe de campaña. En su declaración de probidad para postular a dicho cargo, Paulo Cañas informó bienes inmuebles en las comunas de San Miguel y Las Cabras, además de ser socio en Repuestos Cañas Limitada con el 50% de participación por un valor de 40 millones. También informó participación en la sociedad de Aseo Integral SpA. En dicha declaración de probidad, Paulo Cañas Campillay informó además deudas bancarias superiores a 193 millones de pesos.

Inscrito en aquella época en el Partido por la Democracia, los esfuerzos de la trenza política “Cañas y Luna” no dio buenos resultados electorales al obtener poco más de 7.500 votos, quedando segundos de su lista. El premio de consuelo fueron las 12 órdenes de compra por un poco más de 6 millones 700 mil pesos que giró la municipalidad de La Cisterna a la sociedad de repuestos.

Durante los años venideros, 2018 al 2020 la Municipalidad de La Cisterna no dejó de comprarle nunca al clan de los Cañas Campillay. Aun considerando la relación de parentesco directo con Marcelo Luna Campillay, concejal de la comuna. Siendo este último uno de los que debía fiscalizar el correcto uso de los recursos municipales, se desembolsaron 20 millones 591 mil 856 pesos en favor de la sociedad que manejaba su primo.

En tanto, Paulo Cesar Cañas Campillay logró llegar finalmente al Consejo Regional Metropolitano el 4 de diciembre de 2019, tras la renuncia de René Díaz Jorquera. En su declaración de patrimonio y probidad, Cañas informa que mantiene el 49% de participación en la sociedad de Repuestos Cañas Limitada.

Cabe consignar qué para esta nota periodística, Infogate hizo una exhaustiva revisión de actas y audios de los concejos municipales de La Cisterna del período comprendido entre los años 2012 y 2020, confirmado la aprobación por parte del concejal Marcelo Luna Campillay de todos los presupuestos municipales, contraviniendo el artículo 89 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece que “ningún concejal de la municipalidad podrá tomar parte en la discusión y votación de asuntos en que él o sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad, estén interesados, salvo que se trate de nombramientos o designaciones que deban recaer en los propios concejales”.

De acuerdo con esta investigación periodística, Marcelo Luna Campillay durante todo su período como concejal de La Cisterna jamás se abstuvo de votar el presupuesto municipal con el que se pagaba directamente a una empresa familiar, así como tampoco existe registro alguno de actas donde en su labor de concejal hubiera pedido información o fiscalización a las compras de repuestos que hizo la municipalidad de La Cisterna en dicho período.

La Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración, en su tercer título sobre probidad administrativa, artículo 54 señala que “Las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes…, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa. El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4º de este Título”.

Agrega además el artículo 55 que “el interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan; en la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a la información administrativa, en conformidad a la ley”.

Al cierre de esta investigación se supo de una presentación por notable abandono de deberes en contra del ex alcalde Santiago Rebolledo, ante graves faltas a la probidad administrativa. Uno de los firmantes es el propio concejal Marcelo Luna Campillay. Infogate intentó, infructuosamente, ubicar a Luna en los números dispuestos en la página web municipal para consultarle sobre sus votaciones y si considera que su familia se ha beneficiado durante estos años por compras directas de repuesto por parte del municipio que él debe fiscalizar.

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