El 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió a tramitación y remitió al Ministerio Público una ampliación de la querella en contra del Presidente Sebastián Piñera, la cual fue presentada originalmente contra el mando de Carabineros por el delito de “permisividad frente a la tortura”.

La acción penal fue presentada por el abogado Luis Mariano Rendón, quien de esta forma complementa el libelo que en noviembre del año 2019 presentara contra el entonces General Director de Carabineros, Mario Rozas, por el ilícito contemplado en el artículo 150 A del Código Penal, a partir de las innumerables mutilaciones oculares provocadas durante el estallido social.

La norma citada sanciona no solo a quien provoca directamente sufrimientos innecesarios graves a una persona (tortura), sino también a aquellos funcionarios públicos que conociendo de la ocurrencia de estos hechos, no los impidieren o hicieren cesar, teniendo la autoridad necesaria para ello.  

Rendón explicó que Piñera incurre plenamente en el tipo penal, ya que conforme al texto mismo del artículo 24 de la Constitución vigente, el Presidente tiene la autoridad máxima sobre todo lo referente a la conservación del orden público al interior de la República.

«Al conocer por los medios de comunicación que la policía le estaba reventando los ojos a los manifestantes y viendo que el mando de Carabineros no hacía cesar estos abusos inmediatamente, el Presidente debió dar una orden terminante de detener este proceder criminal. Al no hacerlo, incurrió en responsabilidad penal de carácter omisivo por esta gravísima violación a los derechos humanos”, explicó el abogado.

Consultado respecto de la oportunidad para proceder a esta ampliación de la querella contra Piñera, Rendón dijo que dos circunstancias ocurridas la semana pasada fueron determinantes para ello: “La primera, la actitud manipuladora y jactanciosa del Gobierno, a propósito de la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la que solo por no estar agotada la instancia nacional, no admitió a trámite una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra el Presidente Piñera, presentada por algunas organizaciones de DDHH y por personalidades internacionales como el juez Baltazar Garzón. La segunda, el suicidio del joven de 26 años, Patricio Pardo, quien fue una de las víctimas de mutilación ocular el año 2019”.

«Es muy probable que Patricio haya sentido que esta jactancia permanente de Piñera respecto a su impunidad, junto a la falta de avances palpables de Fiscalía, constituían una burla a su dolor y al de las de cientos de víctimas. No podemos permitir que esa sensación de impunidad se entronice. Debe hacerse justicia pronto respecto de todos los responsables«, precisó.

La causa por el delito de permisividad frente a la tortura contra Rozas, y ahora contra Piñera, está siendo investigada por la fiscal Ximena Chong. Por los mismos hechos y contra los mismos imputados, pero por el tipo penal de crimen de lesa humanidad, investiga una causa paralela la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.