El jefe de la Bancada UDI, Juan Antonio Coloma, junto a los diputados Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez, acudieron esta mañana a la Contraloría General de la República para solicitar el inicio de una investigación por el mal uso de recursos públicos en que estaría incurriendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), considerando que una de sus sedes principales -ubicada en la comuna de Providencia- se encuentra tomada de manera ilegal desde hace casis seis meses, sin que las autoridades del organismo hayan solicitado el desalojo.
Al respecto, los parlamentarios gremialistas dieron cuenta del contrato de arriendo que mantiene el instituto con los propietarios del inmueble ubicado en Eliodoro Yáñez, el que establece un pago mensual por 160 UF ($4.957.000). Por lo mismo, aseguraron que desde el 8 de julio de este año -fecha en que la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) se tomó la sede-, el INDH ha desembolsado $28.720.000 por el arriendo de dicha propiedad, sin que pueda hacer uso de ella.
“Es verdaderamente inaceptable que, en casi seis meses de toma ilegal, el INDH no haya tenido la capacidad de presentar una querella y solicitar el desalojo del inmueble. Más aún, si consideramos que todos los meses están gastando casi $5 millones en arriendo, que son recursos que le pertenecen a todos los chilenos y que no están destinados para financiar a grupos radicales y violentistas”, cuestionaron los diputados.
Por lo mismo, Coloma, Alessandri y Ramírez insistieron en la necesidad de recurrir a la Contraloría dado que “hay un evidente mal uso de recursos públicos”, agregando que “si en todo este tiempo el consejo directivo del INDH no ha tenido la voluntad de querellarse por la toma ilegal de su sede, la única alternativa que queda es que el órgano contralor actúe y tome cartas en el asunto”.
De hecho, los parlamentarios gremialistas también advirtieron que la falta de voluntad del consejo directivo podría poner en riesgo el secreto por 50 años que se estableció en la Comisión Valech, considerando que el INDH es el responsable por ley de custodiar dichos documentos, los que precisamente se encuentran en la sede ubicada en Providencia.
“Con esta toma ilegal, todos esos informes y declaraciones corren el riesgo de ser divulgados y se rompería con el secreto establecido por ley”, alertaron los diputados UDI, quienes finalmente adelantaron que “en caso de que aquello ocurra, lo que es muy probable, vamos a acudir a la Corte Suprema para solicitar la destitución de los consejeros del INDH dada su grave responsabilidad en este caso”.
