Este miércoles el candidato de apruebo Dignidad, Gabriel Boric presentó su programa económico bajo el título: «Un crecimiento sostenible y equitativo para el corto y mediano plazo» y en su diagnóstico el candidato sostiene que «El crecimiento ha venido acompañado de grandes brechas de ingresos y riqueza, segregación en el acceso a bienes públicos y un deterioro de la cohesión social. Al mismo tiempo, la economía ha perdido impulso, no ha sido capaz de generar cambios suficientes en la matriz productiva y su bajo nivel de diversificación al no potenciar la inversión en I&D y en la generación de valor agregado en la extracción de recursos naturales enfocado en el crecimiento inclusivo sustentable y sostenible. En efecto, la productividad está estancada hace más de una década, lo que evidencia que existe un problema estructural en la economía. El Estado puede hacer bastante más de lo que ha hecho hasta ahora. Puede asumir un rol de apoyo decidido a la innovación e impulsar una economía ecológica, moderna y dinámica, que dé espacio para que empresarios y empresarias puedan aumentar sus inversiones, en un ambiente de certezas respecto de las normas e instituciones sólidas, expandiendo así sus empresas y permitir que los trabajadores y trabajadoras desplieguen sus talentos y habilidades. El Estado también debe priorizar la competencia en los mercados, la protección a los consumidores y la vocación de integración al comercio internacional en nuestra condición de economía pequeña».
«El gobierno de Gabriel Boric aspira a ser un gobierno de transición que siente las bases para un crecimiento más inclusivo, sustentable y sostenible, en el marco del proceso constitucional», sostiene el documento.
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Medidas propuestas
Un año 2022 que resguarde un ambiente económico sano y favorable para el país El 2022 será un año complejo económicamente. La acumulación de desequilibrios macroeconómicos y la incerteza propia del escenario externo en contexto de una pandemia que no ha terminado, son límites que deben ser reconocidos por las autoridades del próximo gobierno. El llamado es a la responsabilidad fiscal desde el inicio, con:
● Un compromiso por una trayectoria de consolidación fiscal en línea con las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).
● Estabilización de la deuda pública hacia el término del próximo periodo de gobierno, como fracción del PIB.
Continuar la recuperación económica con políticas orientadas a grupos rezagados y con foco en inversión pública verde. La brecha de actividad se ha cerrado con mayor rapidez de lo esperado, incluso llevando a un recalentamiento excesivo de la economía; sin embargo, esta recuperación no ha sido homogénea. Es por esto, que se hace necesario priorizar la reincorporación al mercado laboral de aquellos grupos que aún se encuentran rezagados: principalmente mujeres, jóvenes, y quienes residen en algunas localidades específicas, además de crear incentivos a la formalización del empleo. Las medidas que presentamos en este apartado, en su conjunto representan cerca de 700 millones de dólares que serán financiadas por partidas presupuestarias comprometidas (Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y el Subsidio al Empleo Joven (SEJ) por ejemplo), con reasignación de las pocas holguras dejadas por el gobierno actual. El próximo año las prioridades del impulso deben estar puestas en:
a. IFE Laboral que priorice a mujeres y jóvenes. Estos grupos son los que más se han visto impactados por la crisis económica y sanitaria producto de la pandemia del COVID-19, y quienes presentan mayores dificultades para regresar
al mercado laboral. El IFE Laboral entregará incentivos a empleos formales y de calidad.
b. Expansión decidida de los instrumentos actuales para un apoyo permanente: el BTM y el SEJ, ampliando significativamente sus coberturas y montos.
c. Fortalecimiento de programas de cuidados. Se propone avanzar en el fortalecimiento de programas de cuidados, que permita a las mujeres – encargadas principales de la provisión del cuidado no remunerado – poder activarse e (re)integrarse al mercado laboral, complementando los bonos y subsidios de empleo para entregar los incentivos correctos Entre estos, destacan los Centros diurnos para mayores, programa De 4 a 7 y programa de extensión horaria para niños y niñas menores de 5 años.
d. Reconversión laboral. La pandemia generó efectos en el mercado laboral, destruyendo una proporción relevante de ocupaciones y aceleró la introducción de nuevas tecnologías, la descalificación de puestos de trabajo y la expansión del
teletrabajo. Por esto, se debe llamar a un gran diálogo nacional para alcanzar un pacto que permita reformar el sistema de capacitación, certificación de competencias e intermediación laboral tanto para pymes como para grandes empresas.
Debemos construir un espacio de diálogo para que el país atienda debidamente las necesidades laborales de los trabajadores y los prepare para la nueva estructura económica chilena, potenciando entre otras:
● Una ventanilla única en intermediación laboral.
● Que el sistema de intermediación laboral también articule la capacitación y formación, basado en demanda laboral y en los avances tecnológicos de los últimos años. Que permita que trabajadores desempleados y desempleadas puedan capacitarse.
● Un sistema basado en una alianza público-privada, permitiendo además
aportar a las transiciones de informalización a la formalidad y la regularización de plataformas digitales.
Priorizar el apoyo a las pymes y grandes empresas, a través de:
e. Inversión pública verde, por medio de, entre otras
● Impulso a la reconversión energética verde de grandes sectores exportadores, como cobre, para avanzar en una minería de bajas emisiones. Esto permitirá dos cosas, por un lado, anticipar posibles restricciones al comercio de productos con alta huella de carbono, y en segundo lugar permitir impulsar capacidades de innovación asociadas a la generación de soluciones tecnológicas basadas en hidrógeno verde en reemplazo de las actuales tecnologías carbón-intensivas.
● Impulsar una industria nacional de alto nivel tecnológico. En particular, el hidrógeno verde, cuya tecnología de transporte y demanda ya existe en el mundo. Esto permitirá posicionar a Chile como productor y exportador en el mapa mundial.
● Reconversión energética del transporte pesado y gas para el mercado doméstico.
● Inversión pública y privada en litio y su elaboración, para generar mayor valor agregado en la extracción de este. Esto permite diversificar la matriz productiva exportadora y abastecer la creciente demanda mundial de
electromovilidad.
● Aumentar apoyo a la producción de energía solar y eólica.
f. Promoción del emprendimiento y apoyo a Mipymes en sectores estratégicos, con foco en la descentralización productiva, el empleo femenino y juvenil, la capacitación y la adaptación/mitigación a la crisis climática.
g. Programa de saneamiento financiero a pymes. Permitiendo acceso a las pymes a créditos blandos, y apoyo a la entrada al mercado financiero.
h. Aceleración de construcción de viviendas sociales verdes. Construcción de mejores viviendas, con acondicionamiento térmico, eficiencia energética, equipamiento comunitario y áreas verdes.
i. Plan de pavimentación urbana y suburbana. Acelerar planes de inversión para pavimentación. Facilitando créditos blandos para reprogramación de deudas.
j. Inversión en tratamiento de residuos y reciclajes en conjunto con gobiernos regionales y empresas privadas. Para dar cumplimiento a la norma actual y adelantar tasas de recuperación.
Una estrategia de crecimiento y productividad de largo plazo Chile tiene una matriz productiva de bajo nivel de diversificación, con baja complejidad y escasa incorporación de conocimiento, con costos ambientales, y amplias brechas de
desigualdad en materia de ingresos, territorial y de género.
El desafío que tiene el país es superar el estancamiento productivo y retomar el dinamismo económico desde nuevas y mejores formas de generación de ingresos; esto requiere un Estado con mejores capacidades públicas, que contribuye a construir certezas incluyendo para el sector privado, y orienta y ayuda a coordinar los esfuerzos públicos y privados hacia
objetivos que representan grandes desafíos sociales y económicos, como la descarbonización, crisis hídrica, transformación digital, entre otros y que además sea eficiente en el gasto público.
Para esto, entre otras medidas, se propone:
a. Expansión de capacidades públicas. Esto a través de un Estado innovador, emprendedor y orientador, que desarrolla e invierte en una estrategia de desarrollo que aborda desafíos estratégicos y misiones concretas, coordinando esfuerzos entre distintas instituciones públicas y empresas privadas (grandes y pymes), ofreciendo una mejor gestión y mejores servicios
a las y los ciudadanos, en todas las regiones y comunas del país. El fortalecimiento y articulación de los Institutos Tecnológicos y de Investigación Público, empresas públicas y estrecha colaboración público-privada en sectores estratégicos, promover que un porcentaje base del presupuesto de los Ministerios sea ejecutado en I+D+i, compras públicas innovadoras, son políticas que van en esta línea.
b. Mejorar la institucionalidad de fomento productivo y CTCI, y nuevos mecanismos para estimular el desarrollo de capacidades productivas, con los esfuerzos puestos en lograr una mejor coordinación de los distintos instrumentos que existen, avanzando hacia una planificación estratégica que permita enfrentar los desafíos de la transformación productiva con una mirada de Estado y de largo plazo. Aumentar la escala de CORFO y ampliar sus instrumentos (incluyendo créditos directos y ampliación de apoyo al capital de riesgo) para fomentar y apoyar inversión privada innovadora y de alta
productividad, como una forma de avanzar en la creación de un Banco de Desarrollo.
c. Cierre de brecha digital e infraestructura de alta tecnología, a través de un plan e inversiones diseñadas para responder a las necesidades de infraestructura crítica y equipamiento de I+D+i de áreas estratégicas.
d. Medidas de competencia, potenciando el rol de la fiscalía nacional económica, aumentando sanciones, aumentando su dotación y presupuesto, y consultando su opinión previa en el diseño de proyectos de ley o normativa con incidencia en la competencia de un mercado. Además, se puede requerir a organismos del Estado la obligatoriedad de realizar licitaciones públicas para la asignación de bienes nacionales de uso público que sean monopolios, facilidades/insumos esenciales o para la adquisición de bienes y servicios de alto valor. Modificar, por medio de ley, Chilecompra/ Cenabast/ Dirección de
Concesiones de Obras Públicas/ Dirección de Obras Públicas y otros licitadores claves a que incorporen en su orgánica interna o a través de servicios externos un oficial de cumplimiento/división/unidad especial de libre competencia.
e. Protección al consumidor. Fortaleciendo la institucionalidad e independencia técnica del SERNAC, dotándolo de un Consejo Directivo y ampliando sus facultades preventivas, conciliatorias, fiscalizadoras, regulatorias y sancionatorias. A través, de una nueva gobernanza, otorgar facultades sancionatorias directas a SERNAC, para aplicar multas y publicar sanciones, fortalecer el rol preventivo del SERNAC y su coordinación con los reguladores sectoriales, que asegure la protección de los derechos del consumidor como un objetivo transversal de política pública
f. Mercado de capitales. Avanzar hacia inclusión financiera a toda la sociedad tanto para individuos como para pymes lo que conlleva reducir la informalidad financiera. Profundizar el mercado de capitales, incluyendo a través de la creación de instrumentos nuevos, como aquellos que faciliten la transición verde.
