Favorecido por un acuerdo previo con la mayoría de las asociaciones de funcionarios, la Sala de la Cámara aprobó y despachó a segundo trámite este martes el proyecto que reajusta las remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos y otros beneficios adicionales.
Efectivamente, el texto tiene como base el Protocolo de Acuerdo firmado el 2 de diciembre pasado. Al él concurrieron el Gobierno, la CUT y 14 organizaciones gremiales del sector público. Sus lineamientos apuntaron a concordar los componentes económicos; una agenda de trabajo 2021-2022 (considera trece mesas de trabajo); y el compromiso de realizar cuatro estudios durante 2022.
Según lo comunicado en el informe de la Comisión de Hacienda, rendido por el diputado Leopoldo Pérez (RN), los beneficios alcanzarán a cerca de 800 mil funcionarios activos y 2,5 millones de personas del sector pasivo.
En concreto, la propuesta presenta un reajuste general para los trabajadores del sector público de 6,1% a contar del 1 de diciembre de 2021. Esto afecta a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás atribuciones en dinero (imponibles para salud y pensiones) o no imponibles.
También reciben este beneficio los directores, educadores de párvulos y asistentes de la educación de establecimientos VTF. Igualmente, aquellos regidos por la Ley 21.109, es decir, los regidos por el estatuto de l os asistentes de la educación.
Se excluyen expresamente las cuatro categorías de sueldos más altos de la escala pública. Ello incluye a las altas autoridades del país del ámbito público (Presidente de la República, ministros y parlamentarios, entre otros). En este marco, el mensaje recuerda la aplicación de la Ley 21.233, que fija un mecanismo por medio de la Alta Dirección Pública para el reajuste de remuneraciones y dietas.
Beneficios adicionales
La iniciativa incluye los respectivos aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias; el bono de escolaridad y la bonificación adicional asociada a este. El tope de remuneración bruta para ser partícipe de estos beneficios será de $2.790.225. Ello, excluidas las asignaciones asociadas a desempeño individual, colectivo o institucional.
También se considera el aporte al servicio de bienestar; la bonificación de nivelación; y el bono de invierno para pensionados ($70.336). Adicionalmente, contempla los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad para pensionados.
Junto a lo anterior, el texto define una bonificación extraordinaria para enfermeras, matronas, enfermeras-matronas y otros profesionales de colaboración médica. Asimismo, extiende el plazo para el incremento de la subvención educacional; incluye el bono de vacaciones; una asignación para el equipo de planta y contrata del Servicio Médico Legal; prolonga la vigencia del bono anual a los funcionarios de las regiones extremas; posibilita labores de teletrabajo en algunos servicios; y permite el traspaso de personal a honorarios a contrata hasta en cinco mil personas, entre otras variadas normas.
Reserva de constitucionalidad por bono Covid
Al interior de la oposición y el oficialismo saben que el Congreso no puede entregar bonos, atribución exclusiva del Ejecutivo, y finalmente solo sirve como una medida de presión para que el Gobierno se abra al beneficio, en este caso, del Bono Covid para funcionarios y funcionarias de la salud.
En ese contexto, el propio diputado Leopoldo Pérez presentó una reserva de constitucionalidad, argumentando que el mencionado bono es un beneficio injusto que deja fuera a otros funcionarios públicos.
