Un grupo de personas de Modatima Wallmapu presentaron esta jornada, ante la Corte de Apelaciones de Temuco, un recurso de protección en contra del Gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, por no tener atribuciones para llevar adelante, sin el acuerdo del Consejo Regional, la “Consulta Ciudadana” que busca recoger opiniones sobre el futuro del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en las provincias de Cautín y Malleco de la Región de La Araucanía.
Ayer martes, en conjunto con alcaldes de la comuna, se realizó el lanzamiento oficial de la consulta donde se decretó, para dos días después, el inicio de la misma.
El recurso presentado por Modatima Wallmapu establece que esta medida es “discriminatoria, y restringe severamente la posibilidad de participar en igualdad de condiciones y de forma informada a los recurrentes de autos y demás personas afectadas con la medida sometida a consulta, vulnerando también con ello la garantía constitucional de igualdad ante la ley que nos asiste”.
El abogado de Modatima Wallmapu, Antonio Madrid, afirmó que este tipo de consulta, tal y como fue establecida, “infringe una serie de disposiciones legales entre ellas la Ley de Participación Ciudadana, la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración, la Ley de Acceso a la Información Pública y el Convenio 169 de la OIT”.
De igual forma, agregó que “basta considerar que esto se lanzó oficialmente ayer para comenzar a realizarse el día de mañana, es decir, con menos de dos días de anticipación”, precisando que “el gobernador regional no tiene por sí mismo en forma autónoma la atribución para generar una consulta ciudadana, que además no respeta el derecho del pueblo mapuche a ser consultado siguiendo lo que dispone el Convenio 169 de la OIT”.
Para la Convencional por el distrito 23, Manuela Royo, “la forma en que se plantea realizar la Consulta Ciudadana es deficiente, discriminatoria, excluyente y no informada, ya que no existe documento oficial alguno que establezca o describa la Consulta. Hay una completa imposibilidad de satisfacer cualquier criterio básico de información y publicidad de una medida de estas características, al determinarse su inicio a menos de dos días después de comunicarse oficialmente su lanzamiento”.
