El Gobierno mantuvo su discurso de defensa de la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, y del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, luego de los informes emitidos por la Contraloría General de la República que cuestionó sus participaciones en campañas políticas, una en favor de su pareja, el periodista Christian Pino, y el otro responsabilizando a los candidatos presidenciales opositores de la violencia en el segundo aniversario del estallido social.

Así lo expresó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien tuvo que hacer frente a los dos informes del órgano contralor, indicando que el documento en el caso de Rubilar que “acá hay algo que es muy importante dejarlo muy claro y es que el contralor no acredita la utilización de recursos públicos ni tampoco acredita faltas a la probidad administrativa”.

El jefe de gabinete dijo que cuando uno lee el informe es claro en el punto de que no hubo faltas a la probidad administrativa, reafirmando lo expresado por la propia ministra Rubilar luego que se conociera la resuelto por la Contraloría.

Sin embargo, explicó que “lo que el contralor le pide a la ministra es algo que como gobierno se lo pedimos a todos los ministros y ministras que tiene que ver con el apego irrestricto a la normativa de prescindencia y eso también lo hemos ratificado no solamente a través de los informes de Contraloría, sino que también en circulares internos del gobierno donde le hemos pedido que se apeguen a las normativas de prescindencia”.

En cuanto al informe sobre el subsecretario Galli, Delgado aseguró que “cuando nosotros que estamos a cargo y nunca hemos sido ambiguos, el gobierno está a cargo de la seguridad pública y por ahí se interpretó muchas veces que el subsecretario quiso quietarle esa atribución al mismo gobierno y no, nosotros estamos a cargo de la seguridad pública”.

“Y como estamos a cargo de la seguridad pública, debemos analizar las causas de la violencia, tenemos que analizar a quienes cometen delitos violentos y también analizar cuáles son las perspectivas para poder evitar violencia y eso incluye, muchas veces, comentar o analizar sobre todo lo que está proponiendo un candidato o candidata presidencial. Creo que no hay que tenerle miedo a ese debate”, afirmó.

Agregó a que a pesar de acatar el dictamen de Contraloría, “también queremos decir que las autoridades tenemos el derecho de analizar lo que puede ser un programa de gobierno o una señal política importante  cuando eso se legisla, porque eso sin duda que genera externalidades del punto de vista del día a día de lo que puede ser la violencia”.

En ese sentido, arguyó que “si una autoridad no puede analizar aquello, no puede analizar lo que son sus competencias diarias (…) hay algunos programas de gobierno de candidatos y candidatas que buscan eliminar algunos cuerpos legales que son de aplicación permanente del Ministerio del Interior como la Ley Antibarricadas, la Ley de Seguridad Interior del Estado y si alguien propone eliminar ese tipo de cuerpos legales, por supuesto que nosotros tendremos que analizarlo y comentarlo”.

“Entiendo que el pronunciamiento de Contraloría no busca censurar a autoridades, pero obviamente que nosotros tenemos una opinión y cuando sea necesaria entregarla, la vamos a entregar”, afirmó.

Respecto a que si el subsecretario Galli no se sobrepasó con sus opiniones de responsabilizar a Gabriel Boric y Yasna Provoste de la violencia ocurrida en el segundo aniversario del estallido social, Delgado aseguró que “a mi juicio el subsecretario Galli estaba haciendo un análisis de lo que han sido acciones públicas de candidatos o candidatas, o en redes sociales o en el ámbito legislativo o en el ámbito de las comunicaciones”.

“Insisto, obviamente nosotros somos respetuosos de los dictámenes de Contraloría, en este caso un informe, lo acatamos, pero también tenemos opiniones muchas veces que tenemos que seguir emitiendo respecto a, sobre todo, modificaciones que eventualmente pueden hacer candidatos el día de mañana si llegan a ser presidentes o presidenta de la República y que efectivamente pueden afectar el quehacer diario de un ministerio tan importante como el Ministerio del Interior. Ahora, si no nos podemos pronunciar respecto a eso, creo que también queda muy poco espacio para analizar lo que pueden ser las causas de la violencia”, señaló.