Le sigue lloviendo sobre mojado, a pesar de estar en primavera, a la candidata al Senado, Karina Oliva, ya que el fiscal nacional Jorge Abbott ordenó abrir una investigación de oficio por el presunto delito de fraude de subvenciones luego que se diera a conocer los abultados sueldos que se pagaron a sus asesores durante la campaña a la Gobernación Metropolitana.

De esta forma, Abbott determinó que sea el fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, sea quien lleve adelante las investigaciones.

Hay que consignar que la decisión del fiscal nacional es por lo que se considera un delito común y de acción penal pública, ya que el delito electoral requiere de una acción por parte del Servel.

Además, la apertura de la investigación se adopta luego que la Unidad Anticorrupción elaborara un informe que analizó los antecedentes dados a conocer por el reportaje de Ciper Chile, la cual concluyó que podría configurarse el delito de fraude de subvenciones.

Lo anterior porque se habrían “rendido gastos electorales mendaces, de boletas y facturas por bienes y servicios que no habrían sido prestados, existiendo documentos ideológicamente falsos”.

De acuerdo a Emol, la entidad persecutora indica que “todo ello, sostiene la resolución, sería indiciario de una conducta fraudulenta, con la finalidad de obtener los aportes fiscales regulados en los artículos 13 y siguientes de la Ley de Gasto Electoral. Este delito es de carácter común y de acción penal pública, por lo que la fiscalía puede perseguirlo de oficio, a diferencia de los delitos electorales en los que para abrir una causa requiere la presentación de una denuncia o querella del Servel”.