La Contraloría General de la República advirtió a las municipalidades que no tienen las facultades para comercializar gas licuado, respondiendo así a la consulta hecha por las municipalidades de Lo Prado, Conchalí y Pelarco, que preguntaron si esta eventual venta de gas a los vecinos está dentro de la ley, respondiendo a la decisión de numerosos municipios de iniciar trámites para poder vender el gas “a precio justo”.
Ante este escenario, el ente fiscalizador respondió por medio de un oficio a todas las municipalidades advirtiendo que estos organismos solo podrían comercializar el gas si una ley aprobada en el Congreso así lo permite, diferenciando esta situación de los medicamentos que sí pueden distribuir a través de las “farmacias populares” porque la ley las considera dentro de las funciones de atención primaria de salud que si tienen los municipios.
Así el documento hace hincapié en que “según los artículos 19, N° 21, de la Carta Fundamental, y 11 de la anotada ley N° 18.695, las municipalidades podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado las autoriza, lo que no ha tenido lugar en la especie”.
Agrega que “asimismo, cabe manifestar que la venta de gas por la que se consulta es una situación diversa de la analizada respecto de las farmacias comunales, las que se encuentran amparadas en las funciones de atención primaria de salud que el legislador radicó expresamente en las entidades edilicias”.
Concluyó recalcando que “resulta forzoso concluir que no obstante la delicada situación planteada por los municipios recurrentes respecto del alza de los combustibles, la venta de gas a sus vecinos solo puede ser efectuada en la medida que el legislador lo autorice expresamente”.
Este intento de llevar “gas a precio justo” inició en Chiguayante, con el alcalde de aquella comuna de la región del Biobío presentando una solicitud ante la Empresa Nacional del Petróleo para comercializar gas.
Cientos de municipios de Santiago y regiones copiaron la idea, e incluso se formó una asociación de municipalidades por el “gas a precio justo”, luego del alza en el precio de este producto de primera necesidad y después que se conociera un informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que aseguró que el mercado del gas no está funcionando adecuadamente desde una perspectiva
