viernes, abril 12, 2024

Conadecus demanda a empresas de gas por “abusos sistemáticos” en sus precios

Las acciones judiciales son contra Metrogas, Gasco, Abastible y Lipigas por el precio del gas licuado y natural por redes.

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La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) demandó en un juicio colectivo a las empresas del gas por los abusos sistemáticos y gravísimos en los precios del gas licuado y gas natural por redes, lo cual fue develado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

La primera demanda se presentó contra METROGAS y su empresa relacionada AGESA, el 7 de noviembre, ante el 25º Juzgado Civil de Santiago, en representación de los consumidores de gas natural de las regiones Metropolitana y VI de O´Higgins (785.000 personas y sus familias).

En el organismo señalan que desde 2016 y hasta la fecha, dichas empresas han cometido un “fraude civil aumentado artificialmente sus costos de adquisición del gas, por la vía de revenderse entre ellas a un precio más caro el mismo gas, en un acto de triangulación fraudulenta. Tales mayores costos artificiales han sido traspasados subrepticiamente a los consumidores, valiéndose de información falsa y engañosa”.

Esta práctica ilícita ha permitido a METROGAS (controlada por el grupo español Naturgy), efectuar cobros indebidos a los consumidores de aproximadamente US $80 millones por año (cerca de US $400 millones en el periodo).

La segunda demanda se interpuso contra GASCO, ABASTIBLE y LIPIGAS, el 11 de noviembre, ante el 28º Juzgado Civil de Santiago, en representación de todos los consumidores de gas licuado (cilindros) del país (7 millones de usuarios y sus familias).

Estas tres empresas pertenecen a grandes grupos económicos nacionales: GASCO (Grupo Pérez Cruz), ABASTIBLE (Grupo Angelini) y LIPIGAS (Grupo Yaconi-Santa Cruz).

Desde 2014 y hasta la fecha, esas empresas han “efectuado un aprovechamiento económico masivo y billonario, usufructuado de la baja sostenida en los costos de ese insumo, ocultándola a los consumidores y, por el contrario, han llevado adelante una práctica sistemática de alza de sus precios de venta al público, efectuando cobros indebidos de aproximadamente USD $181 millones anuales (cerca de USD $1.267 millones en el periodo)”.

Todas estas empresas han “abusado de esta forma indolente de que el gas es un bien de primera necesidad e insustituible, sobre todo para los segmentos más modestos del país, manteniendo al alza los precios del gas, por un afán de lucro insaciable, pese a que los costos a los que ellas accedían experimentaron una caída sistemática”.

Estos cobros indebidos incluyen por cierto todo el período en que el país y los consumidores han sufrido los devastadores efectos económicos (y de otras índoles) de la pandemia del Covid-19, teniendo en cuenta además que las cuarentenas obligaron a las familias chilenas a intensificar el consumo de este esencial producto.

Consideramos que este grave aprovechamiento, sobre todo de los más necesitados, es el paradigma de los abusos económicos que condujeron a la indignación ciudadana, al estallido social y a la grave crisis que afecta todavía al país”, precisa la Conadecus.

Las demandas se fundan en las gravísimas infracciones a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores en que han incurrido estas empresas, las que pueden y deben ser sancionadas sin tener que esperar el pronunciamiento de otras autoridades u organismos que pueden tardar años (como las de libre competencia), obligándolas desde ya a restituir a los consumidores esos cobros abusivos.

Hernán Calderón, presidente de Conadecus, valoró el trabajo de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), y calificó de “una vergüenza” las utilidades recibidas por las firmas señaladas, explicando que “ganaron 181 millones de dólares al año en el caso de los cilindros gracias al sobre precio que pagamos nosotros”. Calderón también denunció que “este mercado sufre de anomalías de integración. En el año 2014, Conadecus ingresó una consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que buscaba que el tribunal revisara los informes de rentabilidad emitidos por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y ordenara una fijación tarifaria. Las mimas empresas son dueñas de los puertos de gasificación gaseoductos. Además, son socios entre ellos, esa es la verdad”.

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