Este domingo la candidata presidencial Yasna Provoste (DC) presento su programa de gobierno y en lo que respecta a la Defensa Naciona (Pág.157 a160), bajo el título: “Por Una Política de Defensa Moderna, Transparente y Conectada con la Comunidad”, define 11 puntos:
Contribución a de las FFAA a la conectividad del país
Que el Estado Mayor Conjunto, EMCO, opere como órgano asesor del mando civil
Implementaremos la Planificación basada en Capacidades
Realizaremos las inversiones en función de objetivos planificados y evitando la obsolescencia temprana
Potenciaremos el Centro Conjunto para Operaciones de Paz
Propiciaremos a la contribución de las FFAA en las catástrofes
Propiciaremos el apoyo de las FFAA en la Soberanía sobre recursos naturales; Avanzaremos en la Inclusión en las FFAA
Potenciaremos la Industria de la Defensa
Rediseñaremos la Carrera y la Justicia Militar
Implementaremos Ajustes a la Educación de las FFAA.
A continuación la propuesta completa de la candidata:
La Defensa Nacional debe integrarse a los objetivos que el país decida respecto a su rol en el concierto internacional y las tareas a asumir en el plano interno, respetando la división entre el orden público, que corresponde a las policías, y la seguridad exterior que corresponde a las Fuerzas Armadas (FFAA). A nivel global, nuevas amenazas como los efectos de la pandemia, la ciberseguridad, la emergencia climática o las organizaciones criminales transnacionales, catalizan cambios en la arena internacional que tienen efectos en las funciones del Estado, los tipos de conflicto y las necesidades de cooperación en el área de seguridad. Este escenario requiere definiciones sobre el rol de Chile y sus FFAA en la promoción de la paz y la seguridad a nivel vecinal, regional y mundial.
Nuestra proyección exterior y el aporte que podemos hacer en materia de seguridad requieren fortalecer la dimensión institucional de la Defensa Nacional. Hemos avanzado en relaciones civiles-militares: la Ley N°20.424 (2010) fue un paso importante en la conformación de un Ministerio con atribuciones necesarias para un control de la actividad del sector: subordinación efectiva de las instituciones armadas al poder civil, eficiencia en el uso de recursos, y cumplimiento de tareas asignadas. Este avance incluyó la creación de una Subsecretaría de Defensa, de una Subsecretaría administrativa para las FFAA, y del Estado Mayor Conjunto (EMCO).
Esta ley requiere ser revisada en muchos aspectos. La planificación política debe mantener un protagonismo en la Subsecretaría de Defensa, resolviendo un déficit mostrado en los últimos años. Además, se ha retrocedido en la renovación y mantención de una comunidad civil activa que trabaje planificando el sector. Creemos necesario también que el mando militar tenga un correlato con una estructura moderna que refleje la institucionalidad y jerarquía que Chile se propuso. Esto incluye que el Comandante en Jefe Conjunto esté jerárquicamente por sobre los jefes de cada rama castrense (adquiriendo una cuarta estrella), de modo que la autoridad conjunta se transforme en el verdadero ente asesor de la autoridad civil respecto a decisiones estratégicas, como la renovación de material. Por supuesto creemos que una definición de este tipo debe estar enmarcada en la discusión constitucional y no exclusivamente en la labor de un gobierno en particular.
Los problemas asociados a corrupción que han salido a la luz pública, y más ampliamente, las dificultades en el manejo de recursos acentúan la necesidad de profundizar el control civil sobre la toma de decisiones en Defensa, y limitar la Justicia Militar al ámbito castrense.
Necesitamos a las FFAA como parte activa de la vida de las comunidades nacionales. En las últimas décadas, su presencia se concentró en áreas fronterizas, particularmente en la zona norte, pero hoy es necesario un despliegue más equilibrado en todo el territorio nacional, y con una mirada conjunta en el apoyo frente a catástrofes, en la protección de recursos naturales e infraestructura crítica, y aportando en conectividad y ejercicio de soberanía. Chile tiene hoy, además, los gobiernos regionales y Defensa debe poder dialogar con esa nueva estructura.
En materia de cooperación, buscaremos avanzar en la construcción de medidas de confianza mutua que propicien un ambiente de paz y estabilidad a la región, con pleno respeto a los Tratados vigentes. Asimismo, retomaremos, en la medida de nuestras capacidades, la presencia en Operaciones de Paz, contribuyendo, en el marco de Naciones Unidas, a vivir en un mundo más estable y pacífico.
La institucionalidad y funcionamiento de la Defensa Nacional debe además adaptarse a los desafíos tecnológicos y de información que experimenta la sociedad global.
Un sistema de inteligencia de las FFAA, bajo estricto control del Ministerio de Defensa e integrado al sistema de Inteligencia Nacional, debe tener elementos conjuntos esenciales y contar con herramientas propias de una democracia.
Esto es clave en materia de ciberseguridad y sus implicancias en la protección de infraestructura crítica, tanto digital como cinética. Asimismo, la conformación de un Consorcio de Industrias de la Defensa con las actuales empresas dedicadas al tema es una necesidad que involucra un uso dual para seguridad y defensa.
Asimismo, es relevante considerar las startup de iniciativas con uso civil. En este contexto, proponemos:
1. Propiciaremos la contribución a de las FFAA a la conectividad del país. Las FFAA serán actores de una nueva estatalidad con presencia en todo el territorio, empezando por las zonas extremas, en una lógica de contribución a la defensa y al desarrollo nacional. Se privilegiará la protección terrestre, marítima y aérea, tanto de la población como de los recursos de nuestra Nación.
2. Plantearemos que el EMCO opere como órgano asesor del mando civil. El Estado Mayor Conjunto es el principal órgano militar asesor del mando civil. Como órgano asesor estratégico con presencia en el territorio nacional, será articulador para la complementariedad del despliegue territorial, como asimismo evaluador inicial de los procesos compartidos entre las tres ramas sobre las necesidades de renovación de material. Desde el EMCO surgen los proyectos a ser financiados, decidiendo las autoridades civiles. En inteligencia militar y ciberseguridad esta instancia debe tener protagonismo por sobre las actividades que realice cada rama.
3. Implementaremos la Planificación basada en Capacidades. Como herramienta de trabajo del sector, no se planificará en función de amenazas potenciales sino de capacidades permanentes que el país requiere. En virtud de éstas se decidirán las inversiones del sector. Para este fin, Chile debe ordenar su política de defensa y militar, extendiendo la vigencia del último Libro de la Defensa, donde constan los principios generales en la materia. Se priorizará la elaboración de una Estrategia de la Defensa Nacional, con un horizonte temporal que se extienda hasta el 2050, como mínimo.
4. Realizaremos las inversiones en función de objetivos planificados y evitando la obsolescencia temprana. La renovación de material bélico debe estar justificada bajo la mirada de la estrategia, acorde con la realidad económica y sin despotenciar otras áreas del quehacer nacional. Debe existir además una mirada conjunta, a partir de las necesarias sinergias entre las fuerzas armadas y la estricta sujeción a la decisión civil. La nueva Ley de Financiamiento de la Defensa -que reemplazó a la Ley Reservada del Cobre- debe ajustarse a los criterios ya descritos. Estableceremos una Auditoría o Inspectoría General del Ministerio de Defensa Nacional que controle gastos, inversiones y funcionamiento del sector.
5. Potenciaremos el Centro Conjunto para Operaciones de Paz. El Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile (CECOPAC), dependiente del Estado Mayor Conjunto, debe retomar un protagonismo regional. Este despliegue debe ir acompañado de una instancia permanente de coordinación con la Cancillería, para fijar prioridades y oportunidades. Chile debe retomar su trayectoria (desde 1949) en la materia. El país no solo debe aspirar a los beneficios políticos y económicos en su integración al mundo; también le corresponde contribuir a la paz global.
6. Propiciaremos a la contribución de las FFAA en las catástrofes. Dada la nueva institucionalidad que reemplaza a la ONEMI, se debe impulsar una contribución en la formación de unidades operativas de las FFAA en tareas específicas, reglas de acción, y límites claros de relación con la población civil. A su vez, para instancias de excepción constitucional, los Gobiernos Regionales deben tener un correlato con los jefes de la Defensa en los territorios.
7. Propiciaremos el apoyo de las FFAA en la Soberanía sobre recursos naturales. La creación de grandes áreas marinas protegidas en épocas recientes ha generado desafíos para la fiscalización de la pesca ilegal respecto de embarcaciones nacionales y extranjeras. Se trabajará en coordinación con los servicios competentes para un mejor resguardo de estos recursos.
8. Avanzaremos en la Inclusión en las FFAA. La presencia femenina debe acelerar su protagonismo en el mando institucional, conforme vayan egresando nuevas generaciones de las Academias de Guerra y otras, recogiendo la Resolución ONU 1325 (“Agenda de Mujer, Paz y Seguridad”), que proporcionó el marco para la presencia de la mujer, en las FFAA, en la última década. Además, se deben reafirmar políticas de no discriminación en las Fuerzas Armadas, incluyendo pueblos originarios, orientación e identidad de género (incluyendo el servicio de personas transgénero).
9. Potenciaremos la Industria de la Defensa. Consideramos un consorcio con incubadora de Startup e inversión en ciencia y tecnología, que más que la mera producción de armas ayude a la industria nacional en áreas que adicionalmente tienen utilización en el ámbito civil (ej. elaboración de uniformes y otros ítems logísticos similares).
10. Rediseñaremos la Carrera y la Justicia Militar. Aumentar los años de servicio activo del personal castrense permite aprovechar las especialidades, mejorando la eficiencia en el uso de recursos del Estado, y reconociendo la labor del personal que ha elegido la profesión militar. Además, la reforma para una Justicia Militar la acotará al mundo castrense, no habiendo ya razón para que intervenga en el mundo civil.
11. Implementaremos Ajustes a la Educación de las FFAA. Unas FFAA modernas, en un contexto democrático, incorporan el principio de integración con la vida civil y se esmeran para dar la mejor formación posible a sus miembros. Incentivaremos el ingreso a la carrera militar de buenos estudiantes por la vía de entregar a los graduados títulos profesionales equivalentes al mundo civil. A su vez, aumentaremos el número de quienes entran como oficiales de servicios, para que puedan ingresar por vías paralelas a la vida universitaria civil. Los nuevos oficiales de justicia, sanidad, comunicaciones y otros, tendrán becas en sus instituciones civiles al incorporarse en el programa. Los suboficiales, por su parte, deben terminar con una carrera técnica equivalente en el mundo civil, con oportunidades reales de desarrollo profesional en su carrera militar y posterior. En todas las Escuelas Matrices, profundizaremos la educación sobre los derechos humanos, la democracia y la educación cívica como valores fundamentales. Lo mismo respecto de la valoración de la diversidad como parte integral de la formación profesional. Asimismo, para los civiles que se integren a la Defensa Nacional, la formación debe ser prioridad. Esto incluye la reformulación completa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) a una institución académica de postgrado con criterios civiles, a la que pueden asistir civiles y militares para formación en defensa. También es relevante la generación de un servicio civil en el Ministerio de Defensa Nacional. Finalmente, el Servicio Militar, una vez concluido, debe estar asociado a becas para la educación superior y técnica.
