Lo que está ocurriendo con la campaña del candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, hace recordar la canción de Charly García “NOS SIGUEN PEGANDO ABAJO” y es que no ha cesado de tener dificultades, ya que ahora se conoció que la Contraloría abrió un sumario en contra de la actual vocera de la campaña del ex ministro de Desarrollo Social, Katherine Martorell, por irregularidades en la compra de cámaras corporales para Carabineros, tal como lo adelantó INFOGATE.CL el 18 e agosto pasado cuando publicó: «Martorell y el fantasma de la querella en su contra por la polémica licitación de cámaras para Carabineros que le pone luz amarilla a Sichel» y ese fntsma se hizo realidad hoy.
De acuerdo a lo que consigna el informe del organismo fiscalizador: » Se constató que la Subsecretaria de Prevención del Delito acepto 5 ofertas presentadas en la licitación pública ID N° 654478-2-LR20, sobre “Adquisición de Sistema de Cámaras Corporales”, dentro de las cuales se encuentra la propuesta de la empresa adjudicada Motorola Solutions Chile S.A., por la suma total de $ 378.896.000, pese a que se ingresaron en el portal, www.mercadopublico.cl fuera del horario de recepción establecido en el numeral 2.2, sobre “Fecha de Cierre de Recepción de la Ofertas”, de las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos, aprobadas mediante la resolución exenta N° 123, de 2020, de ese origen, esto es, con posterioridad a las 16:00 horas del día 28 de febrero de 2020″.
Además, el caso es investigado en la Fiscalía Centro Norte luego que fuera presentada una denuncia en la que se acusaba de irregularidades de la empresa Motorola Solutions Chile que fue la que se adjudicó la licitación por unos $400 millones señalando que.
«Se verificó que no existe constancia ni evidencia de los antecedentes tenidos a la vista por la comisión evaluadora para analizar las 8 ofertas recibidas, de las cuales 2 -Motorola Solutions Chile S.A y Tecnologías Sociales Limitada (Smart Partners)- pasaron a la etapa de evaluación, en la licitación en estudio, de cuyo resultado da cuenta el Acta de Evaluación de fecha 6 de marzo de 2020, lo cual representa un incumplimiento a lo instruido en el memorándum N° 23/2020, de 2 de marzo de 2020, del Jefe del Departamento de Administración de la SPD, que solicita que junto con el acta se “envíen los antecedentes» auxiliares que se utilizan para la evaluación (planillas Excel, documentos de análisis, email, consultas técnicas, etc.)” al correo que indica, para incorporarlos a la carpeta digital»:
Los fiscalizadores, de acuerdo a la información, enviaron los antecedentes del caso al Ministerio Público ante lo que consideran hechos que consideran tienen carácter de delito.
De acuerdo a los datos, la Subsecretaría de Prevención del Delito que en ese momento encabezaba Martorell, decidió recibir la oferta de Motorola a pesar de que “ingresó en el portal de Mercado Público fuera del horario de recepción”, el cual estaba establecido hasta las 16:00 horas del 28 de febrero de 2020.
Además, el informe de Contraloría consigna que no hay respaldo de los antecedentes que tuvo a la vista la comisión evaluadora sobre las 8 ofertas que se presentaron y los motivos por lo que solamente dos empresas pasaron a la etapa de evaluación.
Además, se cita parte del documento de Contraloría en el que se menciona que “se estableció que las cámaras ofertadas por Motorola -Edesix VB-400- no disponían del mecanismo requerido de ‘post grabado’ a la data de adjudicación, esto es el 11 de marzo de 2020″ y se concluye que la comisión evaluadora le dio 100 puntos a Motorola por “presentar la totalidad de los antecedentes requeridas al momento de la apertura de la oferta”.
“Se verificó que no existe evidencia que al momento de la entrega de las cámaras por parte de la empresa Motorola a la Subsecretaría, estos equipos hayan cumplido con todos los requisitos exigidos en las bases de estudio, en particular, respecto del citado mecanismo de ‘post recording de 120 segudos’. En virtud de lo cual la entidad fiscalizadora deberá recabar los antecedentes necesarios que le permitan certificar que las cámaras de video recibidas el 27 de abril de 2020 contaban con esa funcionalidad y en caso contrario determinar la eventual aplicación de multa”, concluye el informe.
Por tal motivo, la Contraloría determinó instruir un procedimiento disciplinario “con el fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas con las materias indicadas”.
