Luego que la Fiscalía decidiera abrir una causa penal por presuntos delitos tributarios, cohecho y soborno en contra del Presidente Sebastián Piñera tras la compraventa de la minera Dominga en un paraíso fiscal, la oposición en pleno salió a pegarle al mandatario y coincidieron que este hecho reafirma la necesidad de la acusación constitucional, debido a que se ha afectado el “honor” del país.

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, apuntó a que “Chile está en los titulares de los diarios a nivel internacional. Nunca antes habíamos tenido una encrucijada así a un Presidente de la República. Esperamos que tenga la sanción judicial correspondiente y, por cierto, la sanción política que estos actos se merecen”.

Asimismo, la diputada y vicepresidenta del PPD, Andrea Parra, fue más dura en contra de Piñera, indicando que “tener un presidente con una causa penal abierta, que es portada en todo el mundo por hechos de corrupción y del cual nadie le cree, es un golpe bajo a la República y a la democracia. Por eso, apoyo el impulso a la acusación constitucional contra Piñera. Chile debe ponerle coto a su sinvergüenzura”.

El jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, precisó que “esta es una situación que debe ser investigada a fondo, debe ser transparentada y eventualmente perseguir responsabilidades tanto penales como políticas. Espero que sea una situación que se aclare por el bienestar de nuestro país, de nuestra democracia y creemos que con estos antecedentes la acusación constitucional va a tomar mucha más fuerza, y como bancada ya decidimos sumarnos con decisión a esa persecución de responsabilidades políticas”.

En tanto, el senador y subjefe de la bancada del partido, Guido Girardi, aseguró que “siempre he sido partidario de la presunción de inocencia, pero esto pone en cuestión la imagen de Chile porque estamos siendo observados por todos los países democráticos del planeta”.

“Los antecedentes señalan que, efectivamente, la tercera cuota de pago por parte de Penta a la familia Piñera estaba condicionada a que ahí no se estableciera una zona de exclusión, ni una reserva, ni un parque nacional (…) Justamente eso nunca ocurrió y, evidentemente, abre el espacio para la sospecha”, explicó.

La senadora Adriana Muñoz señaló que “es imprescindible que la justicia investigue. Hemos dicho desde el inicio que es fundamental la transparencia, la investigación y la sanción. Es inaceptable que se entregue como garantía de un pago de una compraventa el no proteger un área patrimonio nacional y planetario de biodiversidad y ecosistémico”.

Por su parte, el diputado PS, Jaime Naranjo, valoró positivamente la acción de la fiscalía, porque “nos da más fuerza a nuestra acusación constitucional contra el Presidente de la República Sebastián Piñera”.

El diputado Marcelo Díaz también se sumó a los cuestionamientos contra Piñera, indicando que “es de esperar que esta vez la fiscalía haga acuciosamente su trabajo, que investigue bien y que se persiga la responsabilidad penal que corresponda por estos eventuales delitos sin importar que se trate del Presidente de la República y, por otro lado, esto confirma que los hechos eran de tal gravedad que ameritaban una acusación constitucional, porque aquí se ha atentado gravemente contra el honor internacional de Chile, pero también gravemente contra la probidad y contra nuestro patrimonio ambiental”.

Finalmente, la diputada Marcela Sandoval dijo que “hoy la acusación constitucional contra Piñera cobra más fuerza. La Fiscalía ha decidido abrir una investigación por delitos tributarios, soborno y cohecho. Sebastián Piñera es un Presidente que está siendo cuestionado por delitos de violación a los derechos humanos y ahora por delitos económicos, quizás no termine su periodo”.