Un nuevo eventual conflicto de interés sacude las murallas de La Moneda y, obviamente al Presidente Sebastián Piñera y su familia, ya que el sitió de investigación periodística Ciper revela la compra de un proyecto minero (Imán) en Vallenar que pone una vez más en entredicho la cuestionada relación empresarial con política y de paso encenderá la furia ciudadana y parlamentaria dado que está en pleno proceso de destitución iniciado por la Cámara de Diputados, que ve en el actuar del actual Presidente total falta de pudor para hacer o involucrarse en negocios ejerciendo el más alto cargo de la Nación.
De acuerdo a Ciper, se trata del Proyecto Imán de hierro y escandio que implica 14 pertenencias y que se ubican a 10 kilómetros al suroeste de Vallenar que fueron vendidas a un fondo de inversión en US$13 millones, lo cual ocurrió en el mismo periodo en el que se vendió Dominga.
Ciper relata que: Ambos proyectos, Imán y Dominga, están bajo el paraguas de Minería Activa, un fondo de inversión levantado por Larraín Vial. Si Dominga fue el primer paso, Imán fue el segundo. Para gestionar el negocio de Dominga se creó la sociedad Minería Activa Uno Spa, mientras que para Imán la sociedad fue otra: Minería Activa Dos Spa. Los accionistas eran casi los mismos (vea aquí una tabla comparativa).
Minería Activa Dos Spa se constituyó el 21 de octubre de 2010, en medio de una serie de movimientos societarios diseñados para concretar la compra del proyecto Imán ¿El vendedor? Arnaldo Del Campo Arias, quien pocos meses antes había sido nombrado por el Presidente Piñera como uno de sus representantes en el directorio de Enami, la empresa estatal dedicada a fomentar la pequeña y mediana minería«.
Asi, nuevamente aparecen nombre repetidos en la historia de Dominga, ya que los Piñera-Morel participaban por medio del FIP Mediterráneo y tenían como socios a la familia de Carlos Alberto Délano, el histórico amigo del mandatario, y a quien vendió Dominga que llevó al Presidente a enfrentar una acusación constitucional para destituirlo.
Además, la información consigna que tanto Imán como Dominga se encuentras bajo el alero de Minería Activa, un fondo inversión de Larraín Vial.
El artículo denuncia que el entonces dueño de Imán, Arnaldo del Campo, fue nombrado por Piñera como su representante en el directorio de la Empresa Nacional de Minería (Enami), en los momentos en que se iniciaron las negociaciones para la compra.
Sin embargo, quien es el máximo ejecutivo de los negocios de la familia presidencial, Nicolás Noguera, sostiene que no se consideró que está relación implicara un conflicto de interés.
Para Ciper existe un claro caso de conflicto de interés, ya que “los Piñera Morel participaron en la compra de un proyecto minero cuyas negociaciones iniciales coinciden con el nombramiento del vendedor como representante del Presidente Piñera en el directorio de la empresa pública del mismo rubro”.
La Moneda se defiende
El mismo sitio periodístico le solicitó a Presidencia si el mandatario estaba en conocimiento de que su familia era inversionista en el Proyecto Imán y la respuesta ha sido la misma que se entregó para Domingo: “El Presidente no participa desde 2009, hace 12 años, en la gestión o administración de ninguna empresa o negocio, lo que incluye a Mediterráneo FIP. Respecto de este último, no participa en su propiedad y nunca ha participado en su administración”.
Incluso aseguran que “en forma previa a su primer Gobierno, el Presidente Piñera se desligó absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que participaba. Adicionalmente, y en forma voluntaria, porque en ese entonces no existía ley que lo exigiera, constituyó Fideicomisos Ciegos. En forma igualmente voluntaria lo hizo su señora e hijos. El objetivo de los fideicomisos ciegos fue evitar conflictos de interés más allá de lo exigido por la legislación de la época (…) Respecto de su pregunta sobre las inversiones en la actualidad, este tipo de activos, cumpliendo con la ley, está bajo la administración de Fideicomisos Ciegos”.
Asimismo, también hacen mención a la designación de Arnaldo del Campo como miembro del directorio de la Enami, indicando que “en cuanto a la designación de directores de empresas públicas, ellas se efectúan sobre la base de propuestas de las entidades estatales encargadas de su administración”.