Un informe dado a conocer este lunes por la Organización de Naciones Unidas (ONU) advierte que a dos años de haberse producido el estallido social, las violaciones a los derechos humanos en Chile continúan y denuncian la “lentitud” para llegar a sanciones, cuestionando también el excesivo tiempo de prisión preventiva en que se encuentran los presos de la revuelta.
El representante para América Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, Jan Jarab, explicó a Europa Press que “la demora en los procesos judiciales genera en las víctimas una sensación de desamparo” y “muchas se sienten afectadas por la falta de reconocimiento expreso del Estado de que se han cometido violaciones de derechos humanos”, incluso sostuvo que “el Estado no ha ofrecido disculpas públicas a las víctimas”.
El documento dado a conocer por la ONU señala que aún “persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales”, a pesar de los esfuerzos del Estado en incorporar las recomendaciones que se hicieron tras el estallido social.
El informe también consigna que a pesar de que «se observa una reducción del uso de escopetas antidisturbios«, que causaron cientos de casos de trauma ocular en 2019, así como «la actualización en curso de varios protocolos que rigen el uso de la fuerza por parte de Carabineros«, se sigue registrando un «uso inadecuado de cartuchos lacrimógenos y carros lanza aguas contra las personas» y que Carabineros «no han prestado asistencia a personas heridas«.
En cuanto a la prisión preventiva de los presos de la revuelta, la ONU sostiene que el periodo de detención es “excesivo”, cuestionando las leyes aprobadas en el último tiempo como la Ley Antibarricadas o la propuesta que asigna a las Fuerzas Armadas el resguardo de la infraestructura crítica y que podría resultar en «la militarización de la seguridad ciudadana«.
Al respecto, el organismo internacional precisa que es preocupante que “se estén adoptando o proponiendo cambios que contravienen los estándares internacionales, tales como criminalización de la protesta y exención de responsabilidad penal ex ante para funcionarios que utilicen su arma en varias situaciones”.
