El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, respondió a los cuestionamientos hechos por el Gobierno respecto a la investigación que la Fiscalía abrió en contra del Presidente Sebastián Piñera por las revelaciones que hicieron los Pandora Papers sobre la compraventa de la minera Dominga a Carlos Alberto Délano.

En conversación con radio Cooperativa, Bravo se refirió al emplazamiento hecho por el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, quien invitó a los fiscales a investigar con “la misma fuerza” los delitos de narcoterrorismo en La Araucanía, indicando que “nosotros no entramos a debatir ni a contestar emplazamientos, porque no corresponde y también porque la política opina con otras lógicas que no es la que debe operar una institución de la República como la Fiscalía”.

En cuanto a que la defensa corporativa del Gobierno a Piñera y el emplazamiento hecho por Ossa afectan el trabajo de los persecutores, el presidente de los fiscales señaló que “espero que no, porque lo importante es que el Ministerio Público haga su trabajo”.

“Lo que corresponde es que se investigue y se haga con objetividad, respetando los derechos y garantías de todas las personas, y cualquier persona que es imputada por un delito sea el Presidente de la República o cualquier otra persona, nosotros no tenemos que hacer ninguna distinción respecto a las personas que puedan eventualmente estar involucradas en hechos constitutivos de delito”, explicó.

Bravo arguyó también, haciendo referencia a la defensa corporativa que ha hecho el Gobierno en resguardo de Piñera, que las “responsabilidades penales son personales y no corporativas”, llamando a no confundir lo que es la “responsabilidad penal con la responsabilidad política, son dos cuestiones distintas”.

 Respecto al emplazamiento del Gobierno, el representante de los fiscales apuntó a que “estas polémicas, estas discusiones, estos emplazamientos son un dato de la causa, son un dato más del paisaje político, del paisaje de la política que creo no tiene ninguna relevancia para lo que tiene que concentrase el fiscal o la fiscal que suma esta investigación (Pandora Papers)”.

En cuanto al planteamiento del Ejecutivo para reiterar que el antecedente del contrato de compraventa y el tercer pago que estaría supeditado a que la zona no fuera declarada de exclusión, Bravo dijo que de acuerdo a lo que ha señalado la propia directora Anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera, “el pronunciamiento que hubo del tribunal de garantía y la Corte de Apelaciones no se refirió a este aspecto en específico de modo que aquí no se alcanzaría la cosa juzgada”.

Sin embargo, planteó que estos aspectos son debatibles y que “creo que por el bien del Estado de Derecho y por el bien de la transparencia e incluso por el propio bien de la persona que está siendo investigada en los hechos, es importante que esto se esclarezca, se investigue a fondo, y finalmente la ciudadanía tenga el legítimo derecho a saber qué es lo que ocurrió en esta situación que se está cuestionando ni más ni menos que a la primera magistratura del país”.