En las últimas semanas hemos visto varias marchas, por parte de partidarios de la Inmigración hacia Chile como aquellos que la rechazan, provocadas por el aumento de extranjeros con intención de radicarse en Chile, ingresando muchos de ellos de manera irregular.
Según cifras del departamento de extranjería y migración dependiente del ministerio de interior y seguridad pública, hay 1,4 millones de personas migrantes en Chile, lo que corresponde a más del 7% del total de la población chilena, viéndose aumentado este número durante el último tiempo, esto porque, el norte de nuestro país lleva viviendo una fuerte crisis migratoria que se ha agravado en los últimos días, obligando al Gobierno a desplegar campamentos y albergues.
“Las cifras antes señaladas son cifras oficiales de personas que residen regularmente en Chile puesto que los especialistas consideran que existe aproximadamente 300 mil personas extranjeras que viven irregularmente en Chile y que por diversas circunstancias no han podido obtener un permiso para residir en Chile de la manera que establece la legislación y que no se encuentran dentro de las cifras oficiales que entregan las autoridades”, explica María Soledad Torres, especialista en temas migratorios y directora del estudio de abogados Legal Global Chile.
Es por esto que el Ejecutivo ha desplegado una campaña para frenar la entrada irregular, aprobando este año una nueva Ley de Migraciones, iniciando un proceso de deportaciones con el que pretende expulsar a 1.500 personas durante 2021. Pero, esta situación de ingreso irregular normalmente se provoca por la falta de acceso al sistema de visas consulares, especialmente para aquellas personas de nacionalidad venezolana, puesto que desde mediados de 2019, incluso para venir como turista a Chile requieren tramitar una visa en los consulados de Chile.
“El actual gobierno y con el objetivo de apoyar la migración venezolana, por un lado interpuso una visa temporaria de responsabilidad democrática, que en un comienzo era una visa relativamente fácil de obtener en sus requisitos. No obstante, eso duró sólo los primeros meses. Esta situación de demoras excesivas, solicitud de documentos difíciles de conseguir, altos costos y cambio de los requisitos, sufrieran un cierre arbitrario de sus procesos en noviembre pasado que las llevó a empezar desde nuevo y en lo que va de este año el sistema de atención consular ha estado cerrado 6 de los 9 meses, indudablemente provoca desesperación. La situación es muy dramática pues convierte el paso irregular en la única opción posible”, comenta Torres.
En ese sentido y en atención a la reciente crisis migratoria ocurrida en el norte de Chile es imposible no preguntarse ¿qué se está haciendo al respecto para evitar que la inmigración irregular continúe? Puesto que la imposición de normas más restrictivas que pretenden impedirla se han transformado en ineficaces ante la realidad que se vive, no sólo en Chile sino a nivel mundial.
La realidad jurídica actual de las personas que ingresan de manera irregular a nuestro país sigue siendo la misma que se estableció en el año 1975, donde se considera un delito y es motivo de expulsión del país. Por lo que ante dicha situación nos encontramos en una encrucijada, puesto que por un lado se está faltando a la ley, pero por otro lado se requiere de otorgarle protección jurídica a aquellas personas que son víctimas de un éxodo masivo, no sólo por razones económicas sino políticas, sociales y donde impera la violencia generalizada, situaciones que Chile protege no sólo por ser parte de tratados internacionales sino que la propia constitución lo dice.
