El Gobierno aseguró que el proyecto de ley corta de pensiones que busca aumentar los montos y ampliar la cobertura del Pilar Solidario quedaría desfinanciada en US$ 1.139 millones en caso de prosperar las modificaciones (calificadas como inconstitucionales por el Ejecutivo) impulsadas por los diputados de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja.

La pasada semana la citada instancia parlamentaria dio curso a una serie de indicaciones que reformulan en gran parte la propuesta del Ejecutivo, entre ellas, sobre la tasa de impuesto único del 5% a las ganancias de capital, porcentaje que pagarían todas las transacciones que se hacen en la Bolsa planteada en el proyecto.

Ante esto, los legisladores decidieron pasar el aumento a un régimen general de tributación que podría elevar la tasa a un 40%.

Asimismo, aprobaron una enmienda que incrementa el monto de la Pensión Básica Solidaria hasta los 210 mil pesos, poco más de 30 mil pesos por sobre lo considerado en la ley presentada por La Moneda, 178.958 pesos.

Los diputados apoyaron también una modificación que aumenta la cobertura del Pilar Solidario al 85% más vulnerable, en vez del 80% que proponía el texto original, junto a otra que establece que las AFP compensen en caso de pérdidas en los multifondos.

Todos los cambios son inconstitucionales, a juicio del Gobierno, porque bordan temas como impuestos, gastos y seguridad social que son facultad exclusiva del Ejecutivo, por lo cual retiró la urgencia al proyecto. 

De acuerdo al calendario legislativo de la Cámara de Diputados, las indicaciones podrán recibirse hasta el lunes 25 de octubre, quedando su votación para su total despacho el día martes 26 del presente mes.

Ayer lunes, en la Comisión de Hacienda, paso previo a que la iniciativa se vote en Sala, el ministro de la cartera, Rodrigo Cerda, expuso que con las indicaciones visadas en la instancia de Trabajo los gastos de la ley corta subieron de 1.022 millones a 2.044 millones de dólares (0,64% del PIB), mientras que la recaudación presupuestada se reduciría de US$1.105 millones a US$905 millones, llevando al desfinanciamiento del proyecto en los antes mencionados 1.139 millones de dólares.

«Estamos de acuerdo con cambiar la urgencia del proyecto en vista de los cambios que ocurrieron en la comisión de Trabajo. Nos gustaría poder discutir el proyecto con mayor detención, es útil que escuchen a otros expertos, es importante escuchar al Consejo Consultivo Previsional», sostuvo el secretario de Estado.