El diputado del PS, Leonardo Soto, manifestó su molestia porque la justicia haya decretado la prisión preventiva en contra de los ex generales directores de Carabineros, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos Krumm, sea cumplido en una institución de la policía uniformada, por lo que llamó a los tribunales a cambiar la medida.

“Nos parece inaceptable en un Estado de Derecho, en una democracia, que cuando se formaliza por la justicia a dos ex generales directores de Carabineros, que están acusados de gravísimos delitos de corrupción y de haberse beneficiado de toda clase de privilegios en beneficio propio, se los lleve a prisión preventiva a un recinto que también es un recinto de privilegio”, sostuvo.

En ese sentido, Soto dijo que la Escuela de Carabineros no es un recinto que tenga los estándares penitenciarios, por lo que “ellos tienen que ir a un lugar que sea un recinto carcelario y no se debe por ningún motivo ponerlos en contacto con una escuela de formación de Carabineros por el mal ejemplo que le dan a todos los oficiales que están recién formándose en la institución”.

Por tal motivo, aseguró que lo dictaminado por el tribunal “es una burla y una ofensa a todo el país y tiene que ser cambiada por la justicia”.

Hay que recordar que ayer viernes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dejó sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva a González Jure y Villalobos, quienes están imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos de malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público, ilícitos que se habrían cometido a partir de 2007.

De acuerdo al magistrado, las conductas imputadas a González Jure y Villalobos Krumm son de la “máxima gravedad y atentan contra la fe pública, al haber sustraído o permitido que otros funcionarios públicos sustrajeran anualmente, bajo el periodo en que ejercieron la dirección general de Carabineros, respectivamente, fondos públicos destinados a las unidades de inteligencia y de investigación criminal y drogas, apropiándoles de dichos caudales o destinándolos a fines no permitidos por la ley. Falseando, además, la rendición de cuentas que debían rendir ante la Contraloría General de la República sobre el uso de dichos gastos reservados”.