Luego que el candidato de la ultraderecha José Antonio Kast pidiera al abanderado Gabriel Boric que diera a conocer su ficha clínica en medio del debate presidencial, los seguidores del ex UDI comenzaron a difundir una falsa sobre tratamiento contra las drogas en la Clínica Imet, lo cual fue desmentido por el aspirante a La Moneda y ratificada por el propio establecimiento médico.

Durante el debate transmitido anoche por televisión, Boric le enrostró a Kast sus inversiones en Panamá, apuntando a que “evidencia la vinculación de José Antonio Kast como accionista en sociedades de Panamá” y que este “busca permanentemente eludir impuestos”.

Ante esto, Kast lo conminó a realizarse un test de drogas y compartir la ficha clínica para que la ciudadanía lo conociera, afirmando que “debatamos en Panamá -te dije-, debatamos en Temucuicui, debatamos en París, debatamos en Santiago, donde quieras de ese tema y debatamos -también- y abramos nuestras cuentas bancarias, nuestras fichas clínicas y hagámonos un test de droga todos”.

Ante lo anterior, en las redes sociales comenzó a circular una supuesta ficha clínica de Boric para el tratamiento de drogas y que sería de la Clínica Imet de Punta Arenas, cuya fecha databa del 1 de diciembre de 2020.

Ante esta afrenta, Boric usó su cuenta en Twitter para desmentirla, afirmando que “Hoy cuentas anónimas en redes y WSP dieron el 2do paso de la operación que anoche inició Kast, difundiendo una ficha clínica falsa que fue desmentida por la institución. No todo vale para ganar una elección. Les pido que no seamos nunca como ellos”.

En ese sentido, la propia clínica emitió un comunicado, firmado por el director médico Raúl Alvarado, en el que se “desmiente en forma absoluta dicha afirmación por tratarse de un documento falso que no se condice con la realidad, dado que el señor aludido, no es ni ha sido paciente de nuestra institución de salud”.

Asimismo, Clínica Imet anunció usar todas las “acciones legales que sean pertinentes para indagar lo sucedido y encontrar a los responsables de divulgar esta información que, de haber sido cierta, pudo haber acarreado enormes perjuicios, tanto a la persona antes referida como a nuestro establecimiento de salud que, por mandato constitucional y legal, tiene la obligación de proteger los datos personales y sensibles de todos los pacientes, en relación con acciones vinculadas a sus atenciones de salud”.