Así como en Chile el conflicto mapuche se vive con incertidumbre, en medio de las fuertes críticas ante la dubitativa reacción del Gobierno para hacer frente a la crisis en la Macrozona Sur, en Argentina nos miran cada vez con mayor atención para sacar lecciones ante la situación similar que viven en en la Patagonia, donde la violencia parece crece día a día, en este caso, con un gobierno central que parece estar más bien alentando más que combatiendo a los grupos radicalizados.

En el país trasandino evalúan positivamente, por ejemplo, la declaratoria de estado de emergencia y la movilización de las Fuerzas Armadas a la zona, como medidas que apunta al camino correcto, a diferencia de decisiones adoptadas desde Buenos Aires, como la duda a enviar refuerzos de efectivos federales luego que la la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras reclamara por más apoyo del Ejecutivo (el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sostuvo que «no es función del Gobierno brindar más seguridad en la región»), o la polémica intervención del embajador rioplatense en Chile, Rafael Bielsa, en el juicio del líder mapuche trasandino Facundo Jones Huala.

Pero también, ven en nuestro país un espejo de la deriva a la cual puede llegar su propia situación local, con el aumento de la violencia y el cambio de un enfoque de conflicto étnico-cultural a uno más bien militarizado, que obligue a tomar las medidas adoptadas por La Moneda.

En este escenario, el diario argentino La Nación publicó un duro análisis de la situación, del columnista Daniel Santa Cruz, sobre los derroteros del conflicto en el vecino país y los paralelos y comparaciones con nuestro país, que reproducimos a continuación:

«Conflicto mapuche: Chile nos muestra hacia donde vamos»

A diferencia de otros pueblos originarios latinoamericanos que fueron colonizados hace 400 o 500 años, los mapuches, como otras etnias locales, vivieron de manera independiente hasta fines del siglo XIX e incluso hasta entrado el siglo XX. Esto les otorga una memoria fresca que refrenda su identidad, aunque claramente no es suficiente para justificar los hechos de violencia que se están produciendo con algunos focos radicalizados en la Patagonia argentina y chilena.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, tomó una decisión días atrás, que fue celebrada por gran parte de la sociedad de su país pero resistida por otros, al decretar la “militarización” y el “estado de excepción” (una suerte de estado de sitio) en la zona de conflicto donde actúan los grupos más radicalizados, conocidos en Chile como la CAM (Coordinadora Arauco Malleco) que se adjudicó los atentados cometidos en la zona de la Araucanía.

Piñera justificó su decisión al mencionar que los graves y reiterados hechos de violencia “están vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado cometidos por grupos armados”. Decidió enviar 900 soldados a la región e inmediatamente tuvo como respuesta un video de parte de los mapuches, que llevan adelante esta ola de violencia, donde amenazan con desatar una “lucha armada”, portando con armas largas, en cuanto las fuerzas militares lleguen a la zona.

Esta vinculación que realiza el gobierno chileno entre los mapuches armados y el narcotráfico, puede cambiar la óptica y la manera de enfrentar el conflicto; podría poner la situación en un estado de situación similar a la vivida en Colombia, que relacionó a las FARC con los grupos indígenas y el narcotráfico. “Un narco es un narco en cualquier parte de Chile y hay narcos que pueden estar en otras regiones, en otras ciudades, y que no se pueden cobijar bajo ninguna causa ciudadana que tenga adhesión, como es justamente la causa mapuche”, dijo el ministro del interior chileno, Rodrigo Delgado, dándole fuerza a esa hipótesis.

El conflicto mapuche en Chile es de larga data y no ha dejado de escalar en las últimas décadas, teniendo en cuenta que los mapuches comprenden cerca del 12% de la población chilena (unas dos millones de personas) que básicamente residen en territorios del sur. En su mayoría viven pacíficamente y no comulgan con la lucha armada ni la resistencia violenta; aun así, ese potencial humano en un conflicto, es mayor que el de Argentina.

El ministerio de Seguridad del país trasandino asegura que solo en 2021 estos grupos cometieron 1500 actos de violencia, casi un 50% más que en todo el año pasado, que llevó a detener a 460 personas involucradas en estos hechos. Es decir que, a mayor presencia militar, mayores fueron los hechos delictivos y vandálicos que dejaron varios muertos. La semana pasada, en una marcha realizada en Santiago, una mujer murió en un enfrentamiento con Carabineros durante la protesta, que además dejó 17 heridos.

En las últimas dos décadas se estima que 15 mapuches, 4 carabineros y tres civiles murieron en enfrentamientos o atentados. En Chile están muy presentes los crímenes de Werner Luchsinger y Vivian MacKay, ocurridos en 2013: ambos murieron quemados cuando su casa fue incendiada en un atentado protagonizado por estos grupos.

La política chilena ha tenido gestos con los pueblos originarios y suelen tener palabras de acercamiento y comprensión a sus demandas. De hecho, el 4 de julio pasado, la Convención Constituyente eligió a Elisa Loncón, una mujer indígena de 58 años, para presidir el órgano que creará la nueva Carta Magna. Loncón, una profesora, lingüista y activista mapuche, fue elegida por mayoría absoluta como una señal de que la Constitución chilena incorporará a ella el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, del mismo modo que están establecidos en la Constitución argentina desde 1994.

Si embargo, en los últimos meses la conflictividad aumentó y llevó preocupación, a niveles prioritarios, al gobierno y a la dirigencia política chilena a un mes de su elección presidencial que convirtió la “cuestión mapuche” en un tema de agenda electoral.

Horas atrás, el gobierno argentino decidió enviar fuerzas federales a la zona de conflicto luego de que anteanoche se produjera un ataque al edificio del Club Andino Piltriquitrón, en El Bolsón, que fue incendiado y donde se encontraron amenazas contra el intendente del pueblo, Bruno Pogliano, y la gobernadora Adabela Carreras, que lleva días hablando de “ataques terroristas” y solicitando la intervención de las fuerzas federales.

La relación entre los grupos violentos de la Araucanía chilena, la CAM y los de la Patagonia argentina, la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), son visibles y de intercambio y colaboración permanente. En Chile fue condenado Facundo Jones Huala, lonko (jefe) de la Comunidad en Resistencia Cushamen, lo que muestra la interacción conjunta entre ambos bandos.

Vale repasar el estado de situación del conflicto mapuche chileno a manera de espejo que nos muestra el futuro. En Chile ya se aborda el tema no solo como un problema de etnias y pueblos originarios en demanda de derechos cercenados, sino que hoy se encuentra en la antesala de un típico conflicto armado, lo que generaría una escalada de violencia que podemos comparar con otras tristes experiencias vividas en distintos países de la región.

En nuestro país, la situación mapuche se está encumbrando demasiado rápido y debería ser abordada como una verdadera política de Estado que evite la violencia y lleve paz a la zona.Poco se hizo hasta ahora, más que ver a funcionarios contradecirse ante los militantes políticos que se acercan con admiración y espíritu de colaboración a los violentos o defendiéndolos en tribunales extranjeros, todo para intentar captar la voluntad electoral del colectivo con consignas “progres” que endulzan oídos, pero no aportan salidas concretas, en el marco de un estado de derecho, a un tema demasiado delicado y peligroso como para solo esperar y recostarse en la indefinición y la conveniencia política.