Luego que abogados de las aseguradoras “amenazaran” con demandar a los parlamentarios que aprueben el cuarto retiro por los efectos que tendría en las compañías, en el Congreso comenzó a «arder Troya» y varios diputados expresaron su molestia por la injerencia de estos profesionales en las decisiones que adopte el Parlamento como un poder del Estado autónomo.

La diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, que es la principal impulsora de incluir a los pensionados por Rentas Vitalicias en el proyecto, señaló que “nos acaban de estar chantajeando y amenazando en el Congreso Nacional y eso es absolutamente impresentable, o sea, hoy día las aseguradoras a través de sus abogados nos están notificando y nos están chantajeando y amenazando si aprobamos el segundo anticipo para los pensionados por rentas vitalicias”.

“640 mil personas, 640 mil jubilados de rentas vitalicias están esperando su segundo retiro y lo que hacen las aseguradoras y sus abogados es chantajearnos diciendo que nos van a llevar a los tribunales a los diputados y diputadas que votemos a favor, no tienen derecho a hacer esto porque aquí tenemos una autonomía del Congreso Nacional. Aquí hay autonomía y estamos reformando la Constitución, por lo tanto, lo que vamos a hacer, es decirle a estos lobistas y abogados de las aseguradoras que hoy día no estamos dispuestos a recibir ningún chantaje ni ninguna amenaza y, además, vamos a llamar a reunión de comités, para un pronunciamiento de la Cámara de Diputados, del Secretario General que ya está en conocimiento de esto, porque esto es absolutamente inaceptable”, concluyó.

En tanto, René Saffirio, dijo que “ninguna amenaza de ningún poder económico, de ninguna naturaleza, va a producir el efecto de desistir de la voluntad de que este proyecto se apruebe en el Senado en su integridad”.

El parlamentario aseguró que todo lo que viene desde el punto de vista de la gestión “está asociado a defender nuestras propias facultades legislativas para los cuales hemos sido elegidos y en representación de los chilenos y no de los intereses de las grandes empresas de las compañías aseguradoras nacionales y extranjeras”.

Por su parte, Leonardo Soto (PS), aseguró que la estrategia de las aseguradoras es la de “intentar capturar el debate del Congreso en favor de sus intereses. Es una industria poderosísima, la industria de la AFP y de las compañías de seguros previsionales”.

“Lo que hoy día han hecho es pasarse de la raya, lo que intentan hacer es obtener una decisión de un Congreso soberano en su beneficio y en perjuicio de cerca de 700 mil jubilados de renta vitalicia. Lo que quieren ellos es capturar el debate en favor de sus intereses”, acusó.

Asimismo, Raúl Soto (PPD), señaló que resulta inaceptable que “grupos de poder de este país estén chantajeando a un poder del Estado autónomo e independiente como es el Congreso y la Cámara de Diputados”.

En ese sentido, Soto le envió un fuerte mensaje a las aseguradoras, “sus abogados y para sus lobistas. Nosotros vamos a seguir defendiendo los intereses de los más de 600 mil pensionados de rentas vitalicias que están exigiendo en justicia este segundo anticipo”.

Presidente de la Cámara pide informe en derecho

Por su parte, el presidente de la Cámara, Diego Paulsen (RN), solicitará un informe en derecho para analizar las complicaciones jurídicas que enfrentarían los parlamentarios que aprobaron el cuarto retiro y segundo de rentas vitalicias.

Así lo planteó a Emol TV, indicando que “siempre he sido un fiel partidario de que los parlamentarios tenemos que tener responsabilidad respecto a nuestros actos, porque es refácil trabajar y generar políticas públicas en base a las platas del resto”.

“Ya pedimos un informe en derecho respecto a esto, porque ayer veíamos que uno de los abogados de las aseguradoras planteaba esta posibilidad de poder demandar a quienes han aprobado estos retiros”, explicó.

Agregó que “creo que es súper importante tenerlo claro y en eso hemos pedido dos informes en derecho a dos abogados que nos puedan asesorar y ver cuál es la repercusión que puede tener aquello”.

«Una vez que tengamos los informes en derecho los haremos públicos, pero por mientras vamos a respetar también el nombre de los abogados que van a trabajar en este tema. Nos dijeron que en 15 días podían estar los informes en nuestras manos, de manera en que ahí vamos a ver la manera en que podemos ayudar en que esta discusión se zanje luego«, finalizó.