El pasado 16 de septiembre, y mientas el Ministerio de Salud informaba las menores cifras que se han registrado de la pandemia en Chile y con 5 comunas avanzando a transición, Joel Olmos, alcalde recién electo de La Cisterna, promulgó un decreto alcaldicio, autorizando a funcionarios municipales a retirarse más temprano, contraviniendo con eso expresas instrucciones emanadas de la Contraloría General de la República en más de una ocasión.

Sin embargo, lo que resulta más grave y preocupante es que, con el fin de evadir eventuales responsabilidades administrativas, el jefe comunal usó la pandemia provocada por el COVID-19 como excusa para tomar dicha decisión. Esto fue reconocido por el propio alcalde en sesión de concejo municipal, argumentando que había sido la única solución para que los servidores públicos pudieran participar del tradicional vino de honor municipal.

Autorización de la discordia

En la sesión número 27 del consejo comunal de La Cisterna, el pasado 21 de septiembre y estando en la hora de incidentes, las concejalas Ximena Tobar, del Partido Socialista y Marjorie Vásquez, de Renovación Nacional, presentaron un inocente reclamo que abrió una verdadera caja de pandora al interior de la administración municipal de la popular comuna capitalina.

Ambas ediles exigieron al alcalde Joel Olmos explicaciones por la tardanza y la informalidad con que se cursó la autorización para que funcionarios municipales y, particularmente, trabajadores del área de salud participaran del tradicional vino de honor con que se celebran las Fiestas Patrias en La Cisterna.

Cabe consignar que dicha autorización se hizo mediante el Decreto Alcaldicio Nº4815 del 16 de septiembre de 2021, donde el alcalde, Joel Olmos Espinoza, autorizó de manera excepcional a los funcionarios y prestadores de servicio, para retirarse a las 14:00 horas, el día 16 de septiembre. Se consigna, además, que cada director deberá asegurar la continuidad del servicio para el cumplimiento de las funciones críticas del municipio. No obstante, el día 15 de septiembre, el departamento de prensa y relaciones públicas se adelantó al alcalde e informó vía correo electrónico a todos los concejales y autoridades comunales que “el tradicional vino de honor, que realizaría la Ilustre Municipalidad de La Cisterna en conmemoración de las Fiestas Patrias 2021, sería el jueves 16 de septiembre a las 12.45 horas en la plaza cívica de la comuna, San Alberto Hurtado. Paradero 24 de Gran Avenida”; haciéndoles llegar la correspondiente invitación protocolar.

Justificación sanitaria

Por esta razón, la socialista Ximena Tobar criticó que la información se hiciera a través de WhatsApp a los funcionarios de salud y la concejala RN Marjorie Vásquez enfatizó su queja por los horarios de las invitaciones, criticando el envío 15 minutos antes de la actividad. Además, cuestionó el manejo de la información, los protocolos de dicha invitación ya que los cambios de última hora afectaban, directamente, las atenciones de vecinos que pudieron perder horas en Tratamientos de Morbilidad, Horas Dentales y Consultas de Salud Mental.

Tras el duro emplazamiento, vino la respuesta por parte del municipio. El alcalde cedió la palabra a su jefa jurídica, Tania Quezada, quien aclaró que el orden jurídico establece que los funcionarios municipales deben cumplir 9 horas de trabajo y los días 17 de septiembre y 24 y 31 diciembre, por Ley, pueden retirarse a medio día. No obstante, según apuntó la abogada, “las asociaciones de funcionarios consultaron los horarios de salida porque por costumbre, previo a fiestas patrias, siempre se retiraron antes”.

En ese contexto la profesional hizo una particular revelación. La directora jurídica admitió ante el concejo comunal que la salida de los funcionarios municipales, el día 16 de septiembre, se justificó “normativamente”. Y agregó que dicha salida, fue una decisión que tomó el alcalde Joel Olmos el mismo día y se otorgó por “EMERGENCIA SANITARIA”, argumentando el “traslado de funcionarios a sus casas, dado el alto movimiento de gente que había en La Cisterna, en carnicerías y supermercados” según relató.

Adicionalmente, Tania Quezada indicó a los concejales que se habría utilizado el dictamen Nº 3.610 de la Contraloría General de la República, fechado el 17 de marzo del año 2020. En él se establecen instrucciones precisas por COVID-19; medidas de gestión interna en servicios públicos y se refiere, particularmente, a los derechos funcionarios y procedimientos administrativos para afrontar la pandemia. En ningún caso establece normas y tampoco autoriza salida de servidores públicos para participar en celebraciones de ningún tipo, como fue el caso de la Municipalidad de La Cisterna.

El referido documento señala que “el brote del COVID-19 representa una situación de caso fortuito que, atendidas las graves consecuencias que su propagación en la población puede generar, habilita la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos y servicios públicos que conforman la Administración del Estado, incluidas las municipalidades, con el objeto de resguardar a las personas que en ellos se desempeñan y a la población evitando así la extensión del virus, al tiempo de asegurar la continuidad mínima necesaria de los servicios públicos críticos; esto es, aquellos cuyas funciones no pueden paralizarse sin grave daño a la comunidad”.

Indica además que “para materializar la adopción de alguna de las medidas antes señaladas, la dirección del servicio deberá formalizar la decisión respectiva mediante un acto administrativo fundado, en que se explicite la modalidad que se adopte, indicando las unidades o grupos de servidores que prestan servicios críticos que deberán continuar desarrollando sus funciones de manera presencial, y que modalidades podrán emplearse para el resto del personal”.

Zanjado el asunto por parte de la directora jurídica, fue el jefe comunal de La Cisterna quien, ante la incredulidad de algunos concejales, relató que ante la posibilidad que barajaron los mismos funcionarios, en el sentido de dejar a los funcionarios a honorarios en el Cesfam, mientras ellos asistían a la fiesta, “nosotros dijimos no, hagámoslo a través del SAPU, para que los honorarios también pudieran participar. De esta forma nosotros tomamos todas las providencias para que la celebración fuera en un contexto mucho más comunitario”.

Olmos había reconocido tácitamente que la autorización de manera excepcional y la utilización de dictámenes de Contraloría General de la República por COVID-19, habrían sido para que los servidores públicos de la comuna de La Cisterna participaran de una fiesta municipal.