La Fiscalía estaría estudiando abrir una causa penal en contra del Presidente Sebastián Piñera y su amigo Carlos Alberto “Choclo” Délano por eventual cohecho, luego que se conocieran nuevos antecedentes revelados por los Pandora Papers, ya que el contrato original de compraventa de la minera Dominga no estuvo incluido en la investigación que se realizó en 2017.

De acuerdo a lo que consigna La Tercera, la indagatoria que llevó a cabo el renunciado fiscal Manuel Guerra en 2017 se menciona un preacuerdo de compraventa, en español, que da cuenta de la operación y que fue firmado tres meses antes del 10 de diciembre.

Sin embargo, al ser contrastado ese contrato y el nuevo que fue revelado por los Pandora Papers, la tercera cláusula sería similar, pero no idéntica, por lo que se abre la posibilidad de reabrir el caso para investigar una arista distinta.

En ese sentido, se explica que esta nueva arista apuntaría a que si Piñera realizó u omitió alguna obligación en su calidad de funcionario público en cuanto a declarar o no zona de exclusión el territorio donde se construiría Dominga. Consignar que la tercera cláusula de la compraventa expresa el pago de la última cuota siempre y cuando la zona donde se emplazaría la minera no fuera declarado zona de exclusión.

Según la información, es el fiscal nacional Jorge Abbott y su equipo los que deben resolver el inicio de la investigación penal en las próximas horas.

La Moneda a contrapié

En La Moneda, la información provocó un nuevo remezón, ya que los tomó por sorpresa. Si bien no descartan que pueda haber «confusión» en la información entregada, insistieron en la legalidad del proceso y la inocencia del Mandatario.

Asimismo, adelantaron que en las próximas horas habría una vocería para reforzar la existencia del contrato tal y como lo han mencionado desde el domingo a la fecha, para lo cual estarían reuniendo los antecedentes del caso.

Los nuevos antecedentes reafirman la acusación constitucional

Las reacciones no se hicieron esperar ante estos nuevos datos y la persecución penal que realizará el Ministerio Pública y fue Marcelo Mena, coordinador de Ayllú de la candidata Yasna Provoste, quien señaló que “nuevamente se faltó a la verdad. No solamente le habían pagado al Presidente de la República por no decretar un área protegida en la zona de pingüinos de Humboldt a donde, posteriormente, procedió a aprobar su gobierno el proyecto contaminante Dominga”.

“No había sido un hecho juzgado y nos encontramos con que hay un Presidente de la República que está bajo investigación de la Fiscalía por conflicto de interés y nuevamente nos demuestra que siempre hay que poner en duda lo que se nos dice, porque quien pone en un contrato el pago por no hacer un área protegida, es una persona a la cual no se puede confiar”, señaló.

En tanto, el diputado PC, Daniel Núñez, precisó que se debiera abrir una nueva causa penal contra Piñera, puesto que el juicio cuando fue absuelto “no contaba con todos los antecedentes que hoy se conocen. Acá es fundamental que la justicia actúe, porque los delitos de cuello y corbata, los delitos que comete gente poderosa, con poder político o económico son gravísimos y no pueden quedar en la impunidad”.

Además, dijo que esto viene a corroborar la importancia que tiene la Acusación Constitucional en contra del mandatario, porque “en Chile no podemos amparar ni avalar ninguna situación de corrupción y menos aún un escándalo de este tipo que afecta al propio Presidente de la República y a su familia”.

El diputado Marcelo Díaz, sostuvo que lo ocurrido es de “tremenda gravedad y amerita que la Fiscalía haga lo que tiene que hacer e investigue penalmente si se cometieron acá delitos, pero por otra parte reafirma de manera definitiva la pertinencia de la acusación constitucional que vamos a presentar en contra de Sebastián Piñera”.

Por su parte, el diputado DC, Gabriel Silber, señaló que “esto echa por tierra el principal argumento del propio Presidente como la existencia del contrato ya era conocida por parte de la justicia y si eso era grave, hoy día es gravísimo tener a la primera autoridad de la República investigada por un eventual cohecho y en consecuencia toma más fuerza que nunca la acusación constitucional”.

Asimismo, el diputado RN, Jorge Durán, valoró que la justicia investigue el hecho, ya que “la ciudadanía exige hoy la mayor transparencia y que se investigue a cualquier persona, tenga la investidura que tenga”.

“No es posible que se haga la vista gorda de antecedentes tan complejos para la transparencia y la democracia de nuestro país. Se debe investigar caiga quien caiga y se debe dar el mayor resguardo a la transparencia y a la investigación de antecedentes tan complejos como lo que hemos conocido”, afirmó.

Otro que reaccionó molesto por las informaciones que involucran a Piñera fue el diputado PS, Marcos Ilabaca, quien apuntó a que los nuevos antecedentes son “gravísimos, el Presidente de la República ha faltado a la verdad a Chile, su ministro vocero ha faltado a la verdad a Chile (…) Presidente Piñera, usted no le ha entregado la información completa a los chilenos”.

“Sabemos que esto está prescrito, pero no puede ser que la primera autoridad del país ponga en riesgo el honor de la patria y usted lo está haciendo”, concluyó.