Desde noviembre de 2024, todos los Organismos del Estado, tales como ministerios, subsecretarías, gobiernos regionales, municipalidades, entre otros, deberán tener una implementación total de esta nueva ordenanza para alcanzar CERO PAPEL y que todo proceso sea digital, con el desafío de que funcionarios y ciudadanos también se adapten al cambio.
A partir de noviembre 2020 comenzó en gradualidad de implementación y en junio de este año entró en vigencia la Ley de Transformación Digital (Ley Nº 21.180) impulsada por el Gobierno, la cual busca que el ciclo completo de los procedimientos administrativos de todos los órganos de la Administración del Estado se realice en formato electrónico. Lo cual permitirá otorgar mayor certeza, seguridad y velocidad en la entrega de servicios a las personas.
Cuando hablamos de la Ley de Transformación Digital del Estado, hablamos de no más papel dentro de las labores de los Organismos del Estado como elemento primordial, esto significa que todo debe funcionar de manera digital y ahí es donde aparecen los desafíos de las instituciones, haciendo muchas veces compleja su implementación. Lo primero, es que deben tener la tecnología adecuada para poder implementar la Ley, lo que conlleva a tener el presupuesto acorde para eso, siendo difícil por la actual situación de la pandemia y limitaciones de recursos. Y lo segundo, es que los funcionarios públicos tengan el conocimiento y expertiz necesario para el uso correcto de estas aplicaciones tecnológicas, lo que hoy es bastante lejos de la realidad, debido a la baja alfabetización digital de estos, donde casi 6 millones de personas en el país son considerados “analfabetos digitales” según estudios de Subtel y BID, lo que acompleja cualquier proceso en implementación con funcionarios y beneficiarios como serán los ciudadanos.
“Los niveles de alfabetización digital, es decir, la persona que es cercana a la tecnología, son críticamente bajos (4 de cada 10 chilenos no saben utilizar tecnología para el trabajo según SUBTEL y BID). Un alto número de funcionarios y usuarios de estos servicios, son personas mayores, con manejo limitado de la tecnología, lo que significa que estas personas se tienen que volver a perfeccionar, capacitar en algo que habían hecho hace 15, 20, 25 e incluso 30 años atrás, cuando pasaron de la máquina de escribir al computador y en caso de funcionarios públicos que fue aprender aplicaciones de informática como Excel o el uso del correo electrónico, cosa que fue un desafío importante y que incluso hoy, es complejo para algunos. Así de grande es el reto” explica Cristián Álvarez, Consultor en Transformación Digital de BOMBÉ Soluciones.
El otro punto para considerar es el ciudadano, ya que el fin de esta Ley es darle una mejor experiencia de uso a ellos, sobre todo en las municipalidades. Los usuarios de servicios locales son en un alto número personas mayores, no muy cercanos a la tecnología, más allá del uso del celular o una que otra red social como WhatsApp o Facebook. Por lo tanto, si lo vemos en la práctica con un ejemplo, una persona que tiene un negocio como un almacén o bazar que no es adepto a la tecnología, que incluso le cuesta transar con algún elemento de pago electrónico como aceptar tarjetas, más le va a costar que todos los trámites sean digitales.
Es por esto que Bombé Soluciones, ayuda a servicios públicos como municipios en la correcta implementación de esta nueva Ley. “Lo que hacemos es la bajada correcta de la implementación de esta Ley a las entidades públicas, y los mejores casos que tenemos son con las municipalidades, porque hacemos un match entre la institucionalidad y la ciudadanía de cara al cumplimiento de la normativa, para que la transformación digital sea armoniosa, minimizando conflictos internos y con el mayor beneficio que conlleva su implementación hacia el ciudadano, optimizando todo tipo de presupuesto” señala Álvarez.
Bombé recomienda implementar esta nueva normativa en fases, nunca de forma inmediata para toda la institución, ir gestionando todos los procesos de forma adecuada para que esa fase que tuvo un resultado positivo pueda irse aplicando y adaptando en los siguientes equipos de trabajo. Por ende, ese cambio será de forma paulatina, de mediano plazo, entre 6 a 8 meses de una implementación más sana, pudiendo llegar a durar 18 meses con un acompañamiento en todo el proceso, en cambio si se hace sin una implementación correcta y sin un experto que los apoye, esto puede tardar fácilmente 2 a 3 años, con una alta probabilidad de fracaso.
