Una nueva amenaza de escándalo salpica a la Convención Constitucional luego que los diputados oficialistas Karin Luck (RN) y Cristián Labbé (UDI) denunciaran este martes que 12 constituyentes pertenecientes a la Lista del Pueblo, Pueblo Constituyente y Apruebo Dignidad reciben el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), beneficio que otorga el Estado para ayudar a las familias afectadas por la pandemia.
Este aporte lo reciben, de acuerdo a los parlamentarios denunciantes, a pesar de recibir la dieta de $2,5 millones.
Se trata de Damaris Abarca (Apruebo Dignidad), Mariela Serey (Apruebo Dignidad), Valentina Miranda (Apruebo Dignidad), Tatiana Urrutia (Apruebo Dignidad), Constanza San Juan (Asamblea Constituyente de Atacama), Giovanna Grandón (Lista del Pueblo) y Alejandra Pérez (Pueblo Constituyente).
Además, de Rodrigo Rojas (Pueblo Constituyente), Cristóbal Andrade (Lista del Pueblo), Vanessa Hoppe (Apruebo Dignidad), Helmuth Martínez (Pueblo Constituyente) y Camila Zárate (Pueblo Constituyente).
Labbé señaló que “no tiene probablemente un resquicio legal, pero cuando uno pasa a ser una autoridad o cuando pasa a ejercer un cargo público, no puede hacer uso y beneficio de las ayudas del Estado“.
“El día de julio en que asumieron como constituyentes, debieron haber renunciado a este beneficio”, agregó.
Al mismo tiempo, el diputado resaltó que “discrepo de la forma ética en que se hace. No me voy a meter en las familias de cada uno de ellos, pero cuando uno es autoridad no debe recibir ayudas del Estado. La Convención se está transformando en puras malas noticias”.
Por su parte, Luck hizo hincapié en que el IFE es para ir en ayuda de las personas que han sufrido en términos económicos en esta pandemia.
“Ellos tienen que ser conscientes de que cuando uno ostenta un cargo público, hay que representarlo y serlo. No podemos estar hablando de transparencia cuando ellos mismos no la han tenido”, recalcó.
