La Dirección de Presupuestos (Dipres) rechazó la petición de $1.743 millones adicionales efectuada por la Convención para asignaciones de los constituyentes referidas a asesorías mediante personal de apoyo, viáticos y gastos operacionales.

El ente gubernamental comunicó su decisión de manera formal a la Secretaría General de la Presidencia el pasado miércoles, siendo remitida posteriormente a la mesa de la Convención.

La discusión tiene además otras consecuencias, y está influyendo negativamente en la negociación entre Hacienda y la Convención para el Presupuesto 2022. Mientras en el Ministerio de Hacienda calculan que la Convención necesitaría $ 9.600 millones para funcionar este año, en la Constituyente creen que el monto debiera ser $ 11.000 millones. La pelea por estos montos es fundamental, a solo 8 días de que se cumpla el plazo legal para que el gobierno envíe su propuesta de Presupuesto 2022 al Congreso, y poder fijar fondos con los que operará la Convención

Ante este escenario, esta mañana se están reuniendo para destrabar el asunto en dependencias del Ministerio de Hacienda, el Secretario Ejecutivo de la Convención, Matías Cox -en representación de la Segpres-; José Cortez, director de administración, finanzas y transparencia de la Constituyente; y Cristina Torres, directora de la Dipres.

Las autoridades discuten la decisión de la Dipres de aceptar solo aceptara parcialmente la solicitud que hizo la mesa -en coordinación con Segpres- para suplementar la partida 22 del Presupuesto 2021. Así dio luz verde a financiar el ítem bienes y servicios (se pidieron cerca de 400 millones para eso, pero un recalculo los elevó a 700 millones, y serían r4easignados desde los ministerios de Hacienda y Obras Públicas), pero rechazó el ítem de asignaciones que el pleno de la Convención Constitucional resolvió fijar en 77 UTM, es decir, cerca de 4 millones de pesos.

Esto último, de acuerdo a un oficio de la Dirección, “en cuanto a los recursos requeridos para incrementar las asignaciones de los convencionales (…) cabe hacer presente que no se cuenta con antecedentes que permitan revisar el marco de gasto requerido pues no fue presentado con el detalle y fundamento del monto pretendido”, añadiendo además que “considerando que el estado actual de estrechez fiscal, la necesidad de dirigir los recursos hacia la atención de la emergencia producto de la pandemia Covid 19, la política de austeridad fiscal que ha obligado a servicios a financiar estrictamente su operación y a evitar todo tipo de gastos no obligados, es que no es posible acceder al aumento de recursos solicitados vía el aporte fiscal que se informa”.

La cita se perfila como clave, ya que la Convención es el único organismo autónomo del Estado que aún no es informado por el ministerio de cuánto dinero se le buscará dar para el próximo año.