El Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de la Defensa Nacional y la Cruzada por la Reconciliación Nacional, Justicia y Derechos Humanos, presentaron una «querella criminal» en contra del ministro de Justicia, Hernán Larraín, «por su responsabilidad en el grave daño a la salud de una cincuentena de personas y el evitable fallecimiento al día de hoy, de otras cinco personas«.

Ello, en relación a internos de los penales de Punta Peuco y Colina 1 condenados por casos de derechos humanos, lugares en los que se han producido brotes de Covid-19 que han dejado varias víctimas. En el segundo de los recintos los fallecimientos se produjeron el viernes en la noche y el sábado último.

El comunicado de las entidades, dado a conocer este lunes, señala lo siguiente:

«El Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de la Defensa Nacional y la Cruzada por la Reconciliación Nacional, Justicia y Derechos Humanos han presentado una querella criminal contra el Ministro de Justicia Sr. Hernán Larraín Fernández y todo aquel que resulte responsable, por su responsabilidad en el grave daño a la salud de una cincuentena de personas y el evitable fallecimiento al día de hoy, de otras cinco personas.

Su actuar deshumanizado y negligente en el contexto de los efectos devastadores de la pandemia del Covid-19, en su relación con los adultos mayores privados de libertad que cumplen condena en su mayoría en las cárceles Punta de Peuco y Colina 1, por casos calificados de derechos humanos, así lo amerita.

Es gravísimo que, después de haberlos marginado de la aplicación de una medida de salud pública como la Ley Nº21.228 sobre indulto conmutativo con motivo del Covid-19, que tenía como elemento central la condición fisiológica de las personas, decidiendo proteger a algunas y dejar a su suerte a las otras, no haya dispuesto medidas efectivas para proteger a los excluidos en caso de brote de epidemia, a sabiendas del peligro que ello representaba para centenares de adultos mayores y enfermos crónicos privados de libertad.

Tampoco lo hizo, luego de la trágica experiencia tras el brote que en el mes de julio de 2020, se produjo en Colina 1, permitiendo con ello un segundo brote de epidemia, esta vez en Punta Peuco, en agosto de 2021, también con resultados fatales y que se encuentra en pleno desarrollo.

Con este hecho, continúa la vulneración de extensa normativa internacional que protege los derechos humanos de nuestros camaradas, en cuanto personas, en cuanto adultos mayores y, también y lamentablemente, en cuanto privados de libertad, a quienes se les han negado de manera progresiva, sistemática y permanente -y actualmente de forma burda- las garantías básicas de un debido proceso, de una debida ejecución penal y hoy, de una vida y salud adecuadas a la etapa de la vida y circunstancias en que se encuentran.

Las resoluciones injustas y gravosas de esta autoridad y su Ministerio y su inactividad frente una serie de situaciones de la misma entidad, demuestran de forma prístina un negligente e inexcusable actuar. La vida de nuestros camaradas, las impredecibles secuelas que sufrirán muchos de ellos y el dolor y daño a sus familias no pueden quedar impunes.

Aspiramos que la justicia opere con celeridad, transparencia e imparcialidad, y sancione este reiterado actuar injusto, insensible y arbitrario».