La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados aprobó este jueves, por 8 votos a favor y 2 en contra, el informe final sobre lo ocurrido con posterioridad al estallido social del 18 de octubre de 2019 y las actuaciones del Ministerio del Interior, Carabineros y la PDI, determinando que hubo un incumplimiento de las policías en el resguardo de los derechos humanos, estableciendo también pedir una transformación “profunda, estructural e inmediata” de la policía uniformada.

La instancia analizó las medidas tomadas en el país, en el marco del control del orden público. La idea fue investigar la legalidad, duración o proporcionalidad de tales medidas. Al respecto, el organismo analizó la proporcionalidad o no en el uso de la fuerza en tales gestiones.

El grupo parlamentario indagó sobre aquellos actos que provocaron lesiones o muerte, apremios ilegítimos, tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual contra civiles u otros hechos que implicaron afectación o violación de los derechos humanos.

En sus conclusiones, la comisión determinó un “incumplimiento en el resguardo de los DDHH”, apuntando a las fuerzas policiales, las cuales son las encargadas de la mantención y protección del orden público.

Asimismo, se señala que los agentes del Estado han incurrido en tal incumplimiento por su participación y responsabilidad directa en estos actos.

Propuestas

Junto con las conclusiones, la instancia propone la adopción de una serie de medidas como son las siguientes:

Comprometerse a transformar de manera profunda, estructural e inmediata a Carabineros de Chile, aspirando a que se subordine totalmente al poder civil y desarrolle un proceso de formación policial basado en el respeto irrestricto de los DDHH.

Que las transformaciones contemplen la participación de la población y además adecuar a las policías a las necesidades de un Estado democrático, sumando para ello que las policías tengan organismos de control que eviten los actos de corrupción.

Además, se pide la revisión inmediata de todas las querellas por ley de seguridad del Estado incubadas a través del Ministerio del Interior o de las intendencias regionales. Asimismo, que se contemple el retiro de todas aquellas acciones judiciales que se entiendan iniciadas por motivos exclusivamente políticos.

La diputada Maya Fernández (PS) será la encargada de informar el texto ante la Sala. El documento será remitido a la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH), Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.